Los protagonistas

La “tradición” que sucede cada cuatro años en la Cámara de Diputados

El diputado electo Javier Pérez Gallart  advirtió que existe una “tradición lamentable” en donde los diputados que dejan sus bancas, dejan en planta permanente a sus colaboradores con cargos políticos, lo que engrosa aún más la planta de la legislatura.

  • 19/11/2019 • 08:03
 Javier Pérez Gallart, diputado electo de Encuentro Ciudadano.
Javier Pérez Gallart, diputado electo de Encuentro Ciudadano.

Como en el HCD de Río Gallegos, la legislatura provincial está inundada de  empleados. Contabiliza cerca de 800 trabajadores pero con un porcentaje mínimo que acude a desempeñar tareas.

No se conoce la exacta conformación de la Cámara de Diputados, ya que nunca se informó oficialmente el detalle de la planta.

“Esto en su momento lo solicitó Mestelán como diputada, para que se remita la nómina completa, para saber quiénes son o qué funciones cumplen. Esto lo graficaba  Mestelán diciendo que si un día de sesión van todos los empelados a la Cámara implosiona el edificio con esos 800 empleados”, advirtió Javier Pérez Gallart, diputado electo de Encuentro Ciudadano.

También existió un proyecto para que se cree el sitio web de la legislatura en la que se publique el nombre ocupación y sueldos de los empleados “como se hace en otros lados, como una cuestión básica de información pública”.

Se trata de la “transparencia de los actos de gobierno” que el diputado electo dijo que continuarán trabajando “como un eje” de su gestión.

TS: Desde la minoría es imposible conocer esos datos y menos con la nueva conformación desde el 10 de diciembre.

PG: Sí, lo hemos requerido cuando había una conformación más auspiciosa para la oposición, pero a través de la presidencia nunca se dio a conocer. Esperamos que con Eugenio Quiroga sean más transparentes.

-Según un informe de la Fundación Libertad, un diputado cuesta 25 millones de pesos anuales al Estado provincial. Hay diputados que incluyen empleados cada vez que asumen y superan su cupo.

Sabemos que en general, hay diputados del oficialismo que cuentan con una planta superior a los de los diputados de la oposición. En el caso de lo que le corresponde a cada uno de los diputados para su trabajo, es un asesor, un auxiliar de primera, de segunda y de tercera.

Son cuatro empleados. En nuestra gestión, tanto en el primero, los cuatro empleados que ingresaron con Mestelán, se fueron cuando se fue Mestelán y en esta ocasión será lo mismo o se quedarán pero no como personal de planta sino como personal político acompañándome a mí. No hay ningún empleado que haya quedado en planta. Sí sabemos que es una “tradición”, que es lamentable, que cuando muchos diputados dejan su banca, quedan los que lo acompañaron como cargos políticos, como cargos de planta y se van haciendo estas “capas geológicas” que engrosan la planta.

COPARTICIPACIÓN

En otro aspecto, Gallart dijo que la nueva conformación de la legislatura es la que debe discutir una nueva Ley de Coparticipación y la de Presupuesto (aunque esta última será votada en la última sesión, como lo adelantó el vicegobernador Pablo González).

“El presidente electo, Alberto Fernández dijo que el presupuesto nacional es un dibujo, y nosotros creemos que el presupuesto provincial, teniendo en cuenta que tiene referencias al nacional, también es otro dibujo”, marcó.

Por ello debe “dispersarse otro presupuesto más realista” y debatirlo “la Cámara que viene, no la que se va”.

Explicó que debe ser de este modo porque “vamos a ser quienes controlemos la ejecución de estos gastos”. 

En cuanto a la ley de reparto de fondos a municipios, sostuvo que “fue abstraída” del ámbito legislativo porque el debate “fue entre el gobierno y los intendentes”.

Tres ejes llevará adelante Gallart: Generar más ventajas en cuanto a recursos naturales como minería, “gas petrolero” y pesca, como así también el pasivo ambiental “importante” que dejan las empresas; “recuperar” y expropiar el Banco Santa Cruz y la transparencia de los actos de gobierno.

“También insistiremos con proyectos que tienen que ver con los sectores más vulnerables, como la propuesta de la creación de la figura del representante del adulto mayor y defensor del niño que tiene que ver con garantizar derecho de la infancia y tercera edad”, precisó.

UN AÑO EN DISCUSIÓN, PERO SIN APROBARSE

En cuanto al proyecto de la creación de la Defensoría del Adulto Mayor, éste fue presentado en 2016. Un año después hubo reuniones y debate con el Consejo municipal, y hasta hubo acuerdo para tratarlo, pero el proyecto no avanzó nunca en el recinto. ”No hubo voluntad para acampar”, recordó.

La iniciativa señalaba que el Defensor debía ser elegido por la Legislatura a partir de una comisión integrada por representantes de todos los bloques parlamentarios. El mandato sería de  cuatro años y debería cumplir con una serie de requisitos, entre los que se destaca: Ser mayor de 30 años, poseer trayectoria y formación comprobables en Derechos Humanos; acreditar idoneidad, defensa y especialización en temas referidos a los Adultos Mayores; y ser abogado con 5 años en el ejercicio de la profesión.

En cuanto a sus funciones y facultades, el Defensor de los Adultos Mayores deberá:

-Investigar las demandas individuales.

-Lograr que los ancianos sean escuchados en sus demandas y que las mismas sean tomadas en cuenta con seriedad.

-Promover y/o apoyar una acción legal tanto colectiva como individual ante la violación de derechos.

-Supervisar a las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de los Adultos Mayores.

-Asesorar a los Adultos Mayores y a sus familias acerca de los recursos, públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la solución de sus problemáticas.

-Identificar patrones de injusticia o dificultades en el cumplimiento de sus derechos y promover los cambios necesarios tanto en las políticas públicas como en la legislación provincial, a fin de garantizarlos.

En tanto, establecía que “todas las actuaciones del Defensor de los Adultos Mayores de la Provincia son gratuitas para el interesado, ya se trate de un colectivo o de un particular; quedando prohibida la participación de gestores e intermediarios”.