La Patagonia también es rebelde

Se cumplen 100 años de una de las epopeyas más notables del movimiento obrero argentino. Los desheredados de la Patagonia, del entonces Territorio Nacional de Santa Cruz, decidieron poner un freno a la brutal explotación a la que estaban siendo sometidos. El hecho, rescatado a fines de los años 60 del siglo XX por el querido maestro Osvaldo Bayer, pasará a la historia como los episodios de la Patagonia Rebelde. Un muestrario de solidaridad, coraje y heroísmo,  de liderazgos notorios y anónimos, de personajes de leyenda como el gallego Antonio Soto, el criollo entrerriano José Font (a) Facón Grande o el alemán Schultz. Lucha heroica también de las mujeres, como las trabajadoras sexuales de Puerto San Julián, todas y todos soñando con un mundo mejor, sin explotadores ni explotados, donde, luchando, como decía una consigna de las recientes manifestaciones de Chile, “hasta que valga la pena vivir”.

Dos años después de los hechos de la Semana Trágica estalló en la provincia de Santa Cruz una prolongada huelga de trabajadores rurales enrolados en la Federación Obrera de Río Gallegos afiliada la FORA. El precio de la lana y de la carne de cordero, principales productos de la región, habían crecido notablemente durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial generando una notable prosperidad en los escasos propietarios de los millones de hectáreas y ovejas patagónicas. Por supuesto que esa prosperidad no se transmitió a los trabajadores que siguieron cobrando salarios miserables y viviendo y trabajando en condiciones infrahumanas. Pero con el fin de la Guerra, bajó la demanda y con ella el precio de las exportaciones primarias patagónicas y entonces sí, los estancieros y dueños de frigoríficos quisieron asociarse con sus trabajadores, claro que para compartir su déficit. En el verano de 1921 decidieron despedir empleados y rebajar unilateralmente los de por sí misérrimos salarios.

Apelando al mundo civilizado

Pero la organización obrera reaccionó inmediatamente lanzando una campaña de afiliación masiva y emitiendo un comunicado dirigido “Al Mundo civilizado” que decía: “ “los estancieros pretenden seguir tratando a sus obreros asalariados en la forma brutal en que hasta hoy lo hicieron, confundiéndolos con los hombres de la gleba y de la esclavitud, y convirtiéndolos en nuevo producto de mercados repugnantes, en los que la cotización del hombre no alcanza para sus explotadores a la cotización del mulo, del carnero y del caballo, ya que hoy por hoy los estancieros consideran que un hombre se sustituye por otro sin costo alguno y en cambio cualquiera de los irracionales cuesta una determinada suma a pagar”.^[1] 

La Federación presentó un petitorio a los estancieros con reclamos básicos que no incluían aumentos salariales sino que apuntaban a humanizar las condiciones de vida en las estancias, pero el documento fue rechazado de plano por los patrones. La Federación convocó a una asamblea que decretó la huelga general. Como en muchas estancias los trabajadores comenzaron a ser expulsados compulsivamente, se fueron formando campamentos de obreros desplazados que se fueron uniendo y decidieron tomar algunas estancias y expropiar caballos y alimentos a cambio de vales emitidos por la Federación. Al llegar a la estancia La Anita, propiedad de los Menéndez Behety los huelguistas fueron recibidos a balazos por fuerzas policiales. Los trabajadores se defendieron y dieron muerte al sargento Sosa y su chofer e hiriendo a un cabo y al sargento Jorge Ernesto Pérez Millán Témperley. Pocas horas después en otro enfrentamiento morirán el obrero Gracián y el agente Peralta.

Los diarios magnificaron el episodio hablando de la insurrección patagónica, de los bandoleros del sur. La Prensa decía: “Los principales industriales, comerciantes y estancieros de Río Gallegos  enviaron un telegrama al Ministerio del Interior, pidiendo que se mande un regimiento de caballería a fin de terminar con las devastaciones de que está siendo víctima esa región por parte de una banda de pretendidos huelguistas. Hay que impedir la reproducción de sucesos tan graves y tan vergonzosos como los que se están desarrollando en Santa Cruz”.^[2]

El gobierno radical presionado por las patronales envió al teniente coronel Héctor Benigno Varela, que había participado activamente en la represión de la Semana Trágica a las órdenes del general y militante radical Luis Dellepiane. Varela estudió la situación y elaboró un informe en el que concluía que los responsables de la situación eran los estancieros por los niveles de explotación a los que tenían sometidos a sus peones y redacta un proyecto de acuerdo para solucionar el conflicto. El acuerdo, que contempla las demandas obreras y los obliga a deponer las armas, devolver los bienes tomados en las estancias y entregar a los rehenes, es firmado con sabor a victoria por parte de la Federación y a regañadientes por la patronal.

Cumplida su misión Varela y su regimiento, el 10 de caballería se disponen a partir. Antes de embarcarse a un estanciero le asaltó la duda sobre el mantenimiento de la paz social y le dijo a Varela: ‘Usted se va y esto comienza de nuevo’ y Varela le contestó: ‘Si se levantan de nuevo volveré y fusilaré por decenas”.^[3]

Tenía razón el estanciero, sólo que los que no cumplieron con lo acordado no fueron los obreros sino los estancieros que hicieron del acuerdo una letra muerta. Ni siquiera pagaron los sueldos atrasados y comenzaron los despidos. Tras largas deliberaciones la Federación decidió volver a la lucha con la misma metodología que en la primera huelga. Sus dirigentes recorrerán todo el territorio de la provincia para garantizar la efectividad de la medida, Ramón Outerello, español de profesión camarero, llamado por sus compañeros “el coronel” comandaba a los huelguistas de la zona central y coordinaba todo el movimiento; Antonio Soto, el secretario de la Federación, actor de teatro, fue designado segundo jefe y comandaba a sus compañeros  del sur; el tropero entrerriano José Font —alias “Facón Grande”, era el tercer jefe y comandaba a los huelguistas del norte santacruceño.

La tarea dio sus frutos y para fines de octubre todo el territorio de la provincia estaba en huelga.

Esa maldita obediencia debida

Ante la gravedad de los hechos, el gobernador interino de la provincia pidió auxilio al gobierno nacional que a su vez estaba siendo presionado por el embajador de Gran Bretaña y el encargado de negocios de Estados Unidos que se presentaron ante el canciller Honorio Pueyrredón para pedirle garantías por las vidas y haciendas de sus súbditos que habitaban en Santa Cruz. El gobierno decide enviar nuevamente al Teniente Coronel Varela. Osvaldo Bayer recogió distintas versiones sobre las órdenes recibidas por el militar: “El senador nacional radical Bartolomé Pérez nos ha señalado que las instrucciones dadas a Varela de implantar la ley marcial y proceder con todo rigor partieron del propio primer mandatario y fueron dadas a Varela por el ministro de Guerra, doctor Julio Moreno: “hay que liquidar la situación de cualquier manera”, fue la consigna. Otros dirigentes radicales nos han manifestado, por el contrario, que Varela actuó así por orden directa del ejército, más precisamente, del comandante de la segunda división, general Dellepiane.”^[4]