Gonzalo Chute advierte sobre la inconstitucionalidad y exige una reforma de fondo

La tensión política y financiera entre los municipios de Santa Cruz y el gobierno provincial ha ingresado en un punto de ebullición definitivo. La reciente decisión judicial de revocar la medida cautelar que impedía al Poder Ejecutivo provincial aplicar retenciones directas sobre los fondos de coparticipación —destinados a saldar deudas previsionales históricas con la Caja de Previsión Social (CPS)— ha encendido las alarmas en todas las intendencias, sin distinción de signo político.

En diálogo con la prensa, el Dr. Gonzalo Chute, secretario legal y técnico de la Municipalidad de Río Gallegos, expuso la fragilidad financiera en la que quedarían sumergidas las comunas si se concreta este ajuste, argumentó la inconstitucionalidad de los mecanismos compulsivos de cobro y denunció una grave irregularidad institucional que involucra a miembros del Tribunal Superior de Justicia provincial.

Incertidumbre y el “teléfono descompuesto” ministerial

Aunque el viernes pasado se llevó a cabo una reunión clave entre los intendentes que no responden al oficialismo provincial y el ministro de Gobierno, Ezequiel Berbes, en la cual se les transmitió la aparente tranquilidad de que no se procederá a la retención de los fondos coparticipables, Chute se mostró sumamente cauteloso.

“Aparentemente habrían dicho eso, pero no hubo ninguna claridad ni ninguna definición trascendente al respecto de qué va a ocurrir con todo esto”, advirtió el funcionario.

Para el secretario legal, la amenaza del descuento sigue plenamente latente. Ante lo que calificó como un constante “teléfono descompuesto” —donde un ministro afirma una cosa, otro la desmiente y las acciones de gobierno toman un rumbo diferente—, los intendentes, encabezados por Pablo Grasso, han exigido de forma unánime una reunión urgente y directa con el gobernador Claudio Vidal, entendiendo que es el titular del Poder Ejecutivo quien debe asumir las definiciones políticas de fondo.

El debate de fondo: Una de las coparticipaciones más desiguales del país

Chute enfatizó que el problema de las cajas y las deudas municipales no es exclusivo de Río Gallegos, sino una realidad común a todos los municipios santacruceños que arrastra un arrastre histórico desde el año 1991. En este sentido, remarcó que la verdadera solución no pasa por asfixiar las economías locales, sino por rediscutir la distribución de la riqueza en Santa Cruz.

Actualmente, el Estado provincial retiene más del 90% de los recursos fiscales totales, mientras que solo el 10% restante se distribuye entre todos los municipios y comisiones de fomento. Esta proporción ubica a Santa Cruz como una de las provincias con esquemas de coparticipación más desiguales de la República Argentina.

Además, el funcionario recordó que los municipios no están exentos de aportar: hoy en día ya se les detrae de forma automática un 20% de su masa coparticipable para el sostenimiento de la Caja de Previsión Social, monto que, según acordadas del Tribunal de Cuentas, debe computarse como pago a cuenta de las deudas vigentes.

Las tres razones de la inconstitucionalidad del Artículo 22

El litigio técnico se concentra sobre el Artículo 22 de la Ley Previsional N° 1182 (que data de la década de 1980), el cual faculta a la Tesorería General de la Provincia a retener fondos de manera unilateral. Para el municipio de Río Gallegos, este artículo es claramente inconstitucional por tres motivos sustanciales:

Violación de la Autonomía Municipal: La Constitución de la Provincia de Santa Cruz, en su Artículo 141, consagra la autonomía económica y financiera de los municipios, explicitando que esta no puede ser limitada por ley ni por autoridad alguna.

Falta de debido proceso: El descuento automático es un cobro compulsivo que no ofrece instancias de defensa ni debate previo. Chute contrastó esto con los mecanismos de entes como la AFIP, que ante una deuda primero intiman por vía administrativa y luego recurren a un litigio judicial donde el afectado puede defenderse.

Propiedad de los recursos: La coparticipación no es una concesión o “regalo” discrecional de la provincia, sino un recurso que por rango constitucional pertenece legítimamente a las comunidades locales.

Gravedad institucional en el Tribunal Superior de Justicia

El aspecto más alarmante denunciado por el secretario legal y técnico radica en el plano institucional. Chute reveló que el sábado pasado se difundió en un medio gráfico una nota periodística donde un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, bajo condición de anonimato (off the record), habría adelantado opinión sobre el fondo de la inconstitucionalidad planteada y emitido declaraciones despectivas contra la Municipalidad de Río Gallegos.

“Es una situación de gravedad institucional extrema. Un juez tiene que hablar únicamente por sus sentencias, no dar opiniones en ‘off’ a los medios denigrando a una de las partes”, aseveró.

Ante este panorama, Chute confirmó que presentará una nota formal ante la presidencia del Tribunal Superior de Justicia para exigir que se aclare si dichas declaraciones existieron y, de no ser así, que se desmientan públicamente.

La coincidencia temporal entre las declaraciones del gobernador Claudio Vidal —quien días antes había anticipado “novedades judiciales”— y la posterior revocación de la medida cautelar acompañada de estas filtraciones, ha sembrado severas dudas sobre la imparcialidad de los magistrados que deben dirimir un conflicto vital para el futuro financiero y social de toda la provincia.