Godoy criticó la gestión del conflicto policial y el apuro por la emergencia habitacional

En medio de una jornada marcada por la tensión política y el prolongado reclamo de las fuerzas de seguridad, el diputado provincial por la Cuenca Carbonífera, Carlos “Carloncho” Godoy (Unión por la Patria), analizó el complejo panorama que atraviesa la provincia de Santa Cruz. En entrevista con el programa radiofónico La Bisagra (Tiempo FM), el legislador apuntó contra la gestión del Ejecutivo provincial por la falta de diálogo, el gasto en iniciativas secundarias y la convocatoria a sesiones extraordinarias sin planificación previa.

Un conflicto policial sin vías de resolución

Tras cumplirse más de 40 días de medidas de fuerza por parte de los efectivos policiales autoconvocados, el diputado confirmó que la bancada de la oposición solicitó formalmente abrir canales de mediación con el gobernador Claudio Vidal, propuesta que hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Godoy remarcó que el reclamo por recomposición salarial es legítimo y que el conflicto se ha dilatado debido a fallas directas en la cadena de mando político:

“Hay un ministro de Seguridad y un secretario de Estado de Trabajo que tendrían que haber ejercido el rol de mediadores para acercar a las partes. Esto no sucedió y demuestra responsabilidades políticas de funcionarios que no estuvieron a la altura de las circunstancias.”

El legislador advirtió que el levantamiento de protestas en algunas localidades no responde a un acuerdo, sino al desgaste económico de los agentes, quienes dependen del cobro de horas extraordinarias para cubrir la canasta básica. Asimismo, instó al Gobierno provincial a no aplicar sumarios administrativos contra los manifestantes.

Cuestionamientos a la Emergencia Habitacional

Respecto a la convocatoria a sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para tratar la declaración de la Emergencia Habitacional, Godoy consideró que la medida refleja una “desesperación e improvisación” por parte del Ejecutivo.

Entre los principales argumentos expuestos por el parlamentario destacan:

Falta de rendición de cuentas: Recordó que en emergencias anteriores otorgadas por la Legislatura no se presentaron los informes ni balances correspondientes.

Mecanismos de compra directa: Expresó su rechazo a otorgar facultades delegadas que permitan contrataciones directas para obras de infraestructura (agua, cloacas, luz), al señalar que esto diluye los controles del Estado a través del Tribunal de Cuentas y el Poder Legislativo.

Falta de relevamiento local: Señaló que no se consultó a los intendentes ni a las comunidades sobre el déficit habitacional real. Puso como ejemplo viviendas prácticamente terminadas en Comandante Luis Piedrabuena y Puerto Deseado que se encuentran frenadas sin adjudicar.

Controversia por las prioridades del gasto público

Al cierre del análisis periodístico, la conducción del espacio radial resaltó el malestar social generado por la asignación de recursos públicos en un contexto de alta inflación y desempleo.

Entre los puntos de mayor discrepancia citados en la opinión pública destacan:

Pabellón institucional en la Exposición Rural: Contrataciones que habrían demandado una cifra cercana a los 1.700 millones de pesos.

Proyectos turísticos: La adquisición de infraestructura para un tren turístico en la zona norte de la provincia.

Estas erogaciones contrastan con un escenario de conflictividad laboral generalizada que abarca no solo a la policía, sino también a sectores docentes, de la salud y viales, a pocos días del reinicio del ciclo lectivo.