La causa Alianza Austral volvió a instrucción

El operativo denominado Alianza Austral, es una causa en la que se investiga el presunto accionar de una organización ilícita transnacional cuyo principal cometido estaría orientado al contrabando de mercaderías (cigarrillos -egreso hacia Chile-, cubiertas -ingreso desde Chile-, divisas y/o dinero); estupefacientes, y al lavado de activos de los bienes y dinero que serían obtenidos de manera ilícita. El objeto fue ampliado a la fecha de la investigación, a trata de personas y/o tráfico migratorio.

La hipótesis criminal indica que el contrabando se realizaba, principalmente, a través de pasos fronterizos no habilitados ubicados en 28 de Noviembre y Río Turbio. La organización utilizaba las localidades de El Calafate, Río Gallegos y Puerto San Julián de la provincia de Santa Cruz, y también Bahía Blanca de la provincia de Buenos Aires, como base. Por otro lado, el contrabando se verificó en la ciudad de Puerto Natales y Punta Arenas, de Chile.

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El tráfico se realizaba por estancias privadas estratégicamente ubicadas en zonas cercanas al límite fronterizo, administradas por miembros de la organización. Los lugares en cuestión se caracterizan por estar emplazados en comunas con pocos habitantes, mayormente zonas inhóspitas de campo abierto amojonado por alambre o tranqueras sin candado, situados a escasos kilómetros de la Ruta Nacional 9 de Chile.

El Operativo “Alianza Austral” fue una investigación histórica en la Patagonia, no solo del lado argentino sino también en el chileno. En ese marco, se llevaron adelante 71 allanamientos simultáneos, secuestrando drogas, dinero en efectivo de varios países, cigarrillos y cubiertas, entre otros elementos.

Los procedimientos realizados en Argentina tuvieron como objetivo estudios contables, empresas, depósitos, comercios mayoristas de cigarrillos, unidades militares y domicilios particulares de miembros de la organización ilícita internacional. Entre ellos se encuentran funcionarios de fuerzas de seguridad y, también, se libraron órdenes de presentación de documentación a organismos nacionales.

La Fiscalía Federal de Río Gallegos informó que los procedimientos demandaron el desplazamiento de 284 gendarmes en 44 vehículos de esa fuerza; 35 de la Prefectura Naval, que utilizó cuatro móviles; y 30 policías federales a bordo de seis unidades.

Como resultado del despliegue territorial se secuestraron armas, municiones, dinero en efectivo (con cifras de -aproximadamente- 46 millones de pesos en dinero y cheques; 55 mil dólares; y 5,7 millones de pesos chilenos, como así también cantidades menores de euros, guaraníes y de pesos uruguayos), cerca de 140 dispositivos electrónicos; unos 60 teléfonos celulares; documentos; cigarrillos; neumáticos; 19 vehículos (entre automóviles, motos y camiones); material estupefaciente y otras mercaderías ingresadas al país de contrabando.

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Nulidad de las indagatorias

Desde ese momento, el juez Federal de Instrucción dictó la prisión preventiva a cuatro hombres. Los demás involucrados quedaron imputados pero en libertad, para luego continuar tomándose declaración indagatoria.

TiempoSur pudo conocer que los cuatro detenidos ya fueron procesados con prisión. Por lo que, a partir de ahora, deberán esperar el juicio en esa situación. Pero los abogados defensores de los imputados apelaron en Casación las indagatorias y los procesamientos con prisión preventiva, conociéndose que la Cámara dictó la nulidad de las mismas, recuperando los detenidos su libertad.

Ante esto el Juez Federal, tomando en cuenta las nulidades, revisó todas las indagatorias y, por los mismos puntos, procedió a dictar la nulidad de las mismas.

Ahora, el expediente volvió al Fiscal Federal de Instrucción para que realice una nueva investigación de la causa.

Las mismas fuentes judiciales consultadas por TiempoSur, comentaron que los allanamientos realizados en el marco de la causa son válidos, así como también el secuestro de todos los elementos.  

Es de destacar que todas las personas involucradas continúan sujetas a la causa.

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En Chile

Desde el país vecino, el diario El Pingüino informó que la Policía de Investigaciones (PDI) de Punta Arenas dio a conocer sobre el desbaratamiento de una banda criminal que delinquía en el tráfico de drogas, contrabando, porte y tenencia ilegal de armamento, trata de personas y lavado de activos, cuya operación se denominó Alianza Austral.

Según compartió el prefecto Claudio Ramos Baltra, jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, este fue un trabajo horizontal, de cooperación jurídica internacional entre Argentina y Chile.

"Conforman un equipo investigativo de la Brigada Antinarcóticos Contra el Crimen Organizado de Punta Arenas, conjuntamente con la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana. Dan cuenta, mediante más de un año que se investiga, la existencia de una organización criminal transnacional que operaba en ambos países, cuyos sujetos de investigación residían tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales", explicó.

Fueron 22 órdenes de allanamientos simultáneos que se efectuaron en Punta Arenas y Puerto Natales, lo que logró la incautación de cigarrillos, armamento, municiones y dinero en efectivo. Además de la aprehensión de 17 personas en Chile y, al menos seis, en Argentina.

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Por su parte, el prefecto inspector Paulo Contreras, jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, dijo que "en cuanto al lavado de activos, fueron dos casas de cambio que por orden de la Fiscalía, fueron neutralizadas en su funcionamiento. Y eso permitió la incautación de sobre 155 millones de pesos en efectivo (...) y sobre 250 millones de pesos de moneda argentina, convertida a valor nacional".

Según explicó, la trata de personas es una figura que, en estos momentos, "están representando los fiscales de la causa en la audiencia de formalización. No podemos entregar mayores antecedentes porque hay informaciones de víctimas afectadas a este delito. Pero sí no escapa del modus operandi tradicional que estamos observando a nivel nacional, que son personas que necesitan avecindarse en nuestro país y que son capturadas y captadas por las organizaciones para ingresarlas por pasos no controlados", agregó Contreras.