Este lunes alega el defensor de López Mazzeo, Alonso y Correa

Este lunes a partir de las 09:00 se dará inició a la penúltima audiencia por el estrago del submarino ARA San Juan, en esta ocasión el defensor Ricardo Gastón Morillo, defensor del contralmirante retirado Luis López Mazzeo, y de la defensora pública oficial Leticia Diez, quien representa al capitán de navío retirado Héctor Alonso y al capitán de fragata retirado Hugo Correa, darán sus alegatos.

Según se pudo saber, al igual que el defensor de Claudio Villamide objetarán a la fiscalía cómo los deberes que se imputan incumplidos incrementaron el riesgo para la navegación del submarino ni cómo ello se vinculó con las condiciones de su última zarpada y posterior naufragio, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

Cabe recordar que ya alegaron, la fiscalía y las dos querellas como así también el Dr. Vigliero solicitó la nulidad de la acusación fiscal porque no se puede acusar porque no se sabe cuáles son las omisiones de deberes hizo Claudio Villamide, a la vez que comentó que no se sabe cómo sucedió el estrago.

En otro momento de su alegato, Vigliero reafirma, que los dichos de la fiscalía son nulos ya que su pupilo cumplió todos y cada uno de los deberes asignados por que Villamide fue formado en la Armada Argentina, y continuó diciendo que no hay controversia en lo sucedido ya que el submarino estaba alistado e idóneo para cumplir la misión.

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Los pedidos de pena

La fiscalía en su momento, explicó que el resultado de una cadena de decisiones marcadas por la imprudencia y la omisión de protocolos de seguridad fue, ni más ni menos, que la pérdida irreparable de los 44 tripulantes que se encontraban a bordo aquel 15 de noviembre de 2017.

El dictamen acusatorio fue taxativo a la hora de graduar las responsabilidades penales de cada uno de los oficiales procesados, solicitando penas de cumplimiento efectivo para los máximos responsables de la cadena de comando:

Luis Enrique López Mazzeo: El Ministerio Público solicitó cinco años de prisión para quien fuera el titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), señalándolo como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Claudio Villamide: Para el exjefe de la Fuerza de Submarinos, la fiscalía requirió también la pena de cinco años de prisión efectiva, al considerarlo una pieza clave en la cadena de mandos que autorizó la navegación a pesar de los reportes de averías previas.

Héctor Aníbal Alonso: Se solicitó una pena de cuatro años de prisión para quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos al momento de la tragedia.

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Hugo Miguel Correa: El requerimiento fiscal para el exjefe de Operaciones de la fuerza fue de tres años de prisión.

Posteriormente le tocó el turno la querella mayoritaria, quien pidió la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo para Claudio Javier Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y para Hugo Correa, además los cuatro quedarían inhabilitados para ejercer cargos públicos por 10 años.

Tras pedir la condena, Arias le pidió que condene a los imputados por la prueba y pidió justicia los 44 tripulantes, nombrándolos uno por uno, “porque la memoria es un deber y la justicia es un derecho”, finalizó.  

Por la tarde fue el turno de Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los submarinistas fallecidos, solicitó siete años de prisión para López Mazzeo y Alonso, mientras que reclamó ocho años de prisión efectiva para Villamide y Correa.