Comienza el juicio “Zona 5”, en el que se juzgarán crímenes de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dará inicio este jueves 17 de febrero a las 9.00 al juicio de la denominada mega causa "Zona 5", en el que se juzgará a 38 ex militares y a ex policías federales y provinciales por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 334 víctimas durante la época del terrorismo de Estado. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento.

La mega causa Zona 5 abarca el entramado criminal que, encabezado desde la jefatura del V Cuerpo del Ejército con sede en Bahía Blanca, operó durante la época del terrorismo de Estado en su jurisdicción. En su objeto, el debate incluye un caso de abuso sexual y el rol de dos profesionales de la salud, quienes -de acuerdo a la acusación- permitieron prolongar el cautiverio y las prácticas de torturas sobre las víctimas. Por su parte, también se analizará el desempeñó que ocupó el Batallón de Comunicaciones 181 en la represión en diferentes localidades del sur de la provincia de Buenos Aires.

En el juicio, que se realizará de forma virtual a través de la aplicación Zoom y que será transmitido por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación, se esperan las declaraciones de más de 200 testigos. A su vez, estará habilitado el acceso de personas interesadas en oír el debate directamente en la Sede del Tribunal, donde se sumará a la Sala de Audiencias un sistema de proyección en directo de la audiencia en el hall, con pantalla y sillas.

Según el esquema estipulado por el tribunal –integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido- las audiencias se desarrollarán los jueves entre las 9.00 y las 15.00.

El debate contará con la intervención de la abogada Mónica Fernández Avello, en representación de las querellas de HIJOS Bahía Blanca y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y de la abogada Verónica Bogliano, como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Los imputados

En el proceso se juzgará la actuación de 38 imputados, entre los cuales hay militares del V Cuerpo de Ejército, del Destacamento de Inteligencia 181, del Batallón de Comunicaciones 181, de la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén, un miembro de la Policía de la provincia de Buenos Aires, dos oficiales de la Policía Federal de Viedma y el director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca.

Entre los imputados militares, se encuentran los profesionales de la salud Humberto Luis Fortunato Adalberti y Adalberto Osvaldo Bonini, quienes –para la acusación– realizaron tareas en el centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) “La Escuelita” que permitieron prolongar el cautiverio y las prácticas de torturas sobre las víctimas.

Mientras se aguarda el inicio del debate, trece imputados fallecieron y otros dos se encuentran incapacitados, lo cual, a juicio de los fiscales, señala la importancia de que el juicio se realice con celeridad.

El objeto del proceso también incluye los secuestros masivos ejecutados por miembros del Batallón de Comunicaciones 181 en Bahía Blanca, en distintos pueblos y ciudades del sur de la provincia, escenario que abarca un caso de abuso deshonesto sobre una de las secuestradas. Se trata del primer caso por un delito de lesa humanidad de esas características en ser llevado a juicio en la jurisdicción de Bahía Blanca, en lo que concierne al ámbito del Ejército Argentino. En 2015, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca encontró responsables por este tipo de delitos a varios integrantes de la Armada Argentina.

Delitos sexuales y un recurso ante la Corte Suprema

Uno de los hechos que serán juzgados consiste en los abusos sexuales sufridos por una de las mujeres que fueron secuestradas en el partido de Villarino y luego conducidas al Batallón de Comunicaciones 181.

La víctima fue secuestrada en Médanos, trasladada –atada y encapuchada– a la comisaría de esa localidad y, posteriormente, a la unidad militar, en Bahía Blanca, donde fue sometida interrogatorios con aplicación de electricidad en el cuerpo. Durante su cautiverio, sufrió distintos abusos de índole sexual e intentos de violación.

El caso es el único que pudo ser llevado a juicio –de un conjunto de numerosas imputaciones por delitos sexuales–, tras la negativa del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de aquella ciudad, de llamar a indagatoria a diversos acusados. Según los jueces, la investigación no podía avanzar frente a la ausencia de ejercicio de la instancia privada por parte de las víctimas, a pesar de que –de acuerdo a la hipótesis fiscal– las prácticas de violencia sexual eran sistemáticas y, en muchos de los casos, existían elementos de prueba y testimonios que permitirían acreditar su ocurrencia.

Esa decisión fue recurrida por los fiscales, el 5 de noviembre pasado. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró, por mayoría, inadmisible la presentación. El fiscal general en esa instancia, Javier de Luca, formuló recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se encuentra pendiente de resolución.

Según la acusación fiscal, la violencia sexual ejercida tuvo diferentes formas, desde la servidumbre sexual hasta las violaciones, como también los tocamientos, las situaciones de desnudez y exhibicionismo con un claro sentido de humillación y degradación.

Para la fiscalía la violencia sexual era parte sistemática del plan —que debe ser necesariamente abordada desde una perspectiva de género— pero esa hipótesis no fue admitida, con excepción del caso que llega a juicio.

Qué provincias abarcaba la Zona 5

Entre 1975 y 1983, el sur del país quedó bajo la autoridad de la zona militar 5, y sus correspondientes subzonas y áreas, en cada una de las cuales sus jefes militares tenían completa autonomía represiva, incluyendo el mando de los centros clandestinos de detención.

La Zona 5 abarcaba la actual provincia de Tierra del Fuego, las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén y el suroeste de la Provincia de Buenos Aires (Partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronél Suárez, Saavedra, Puán, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca, Patagones). Tenía su base de mando en Bahía Blanca.

En las Zona 5 se instalaron centro clandestino de detención (CCDs) en Bahía Blanca, Neuquén y Rawson. En el área de Bahía Blanca se instalaron varios CCDs, de los cuales los principales fueron “La Escuelita de Bahía Blanca” en el Comando del V Cuerpo de Ejército y “Baterías” en la Base Naval Puerto Belgrano. En Neuquén se instaló “La Escuelita de Neuquén”, en el entonces Batallón 181 (actual Batallón 161) del Ejército. En Rawson se instaló un CCD en el Penal de Rawson.

¿Quiénes eran los 15 de la Santa Cruz?

Margarita Delgado había nacido el 15 de mayo de 1952, en la localidad de Las Heras. Formó pareja con Horacio Bau, con quien tuvo dos hijas: María Leonor y Liliana, quienes nacieron en Bahía Blanca. Margarita y Horacio militaban en Montoneros. El 27 de noviembre de 1977 fueron secuestrados junto a sus pequeñas hijas en su domicilio de la localidad bonaerense de Ensenada. En 1999, los restos de Margarita fueron exhumados y en 2006 fueron identificados por un equipo forense.

Reinaldo Rampoldi había nacido en Comodoro Rivadavia (Chubut) un 24 de enero de 1953. A los pocos días, sus padres regresaron a su lugar de origen, Cañadón Seco. En noviembre de 1976, en la ciudad de La Plata, fue baleado por la espalda por personal del Ejército. Falleció tres días después.

Ricardo Alberto Cittadini era de Cañadón León, hoy denominado Gobernador Gregores. Había nacido el 15 de noviembre de 1954. Comenzó a estudiar Ciencias Económicas en 1973 en la ciudad de La Plata, donde también empezó a militar en la Juventud Universitaria Peronista. En 1976 viajó a Buenos Aires para encontrarse con su hermana, pero cerca de las 17:00 fue detenido por dos oficiales de la Policía Federal. Desde el 18 de agosto de ese año no se supo más de él.

Pedro Llorente Serrano era oriundo de Trelew (Chubut), pero fue detenido en Río Gallegos el 13 de agosto de 1977. Había nacido un 12 de octubre de 1944. Era de profesión carpintero ebanista. Hasta la fecha continúa desaparecido.

Oscar Walmir Montoya era más conocido como “Puño”. Había nacido un 14 de febrero de 1952 en Comodoro Rivadavia (Chubut), pero desde muy pequeño se crio en Cañadón Seco. A fines de 1977 fue secuestrado y se cree que permaneció detenido en la CCD “La Cacha”. Su compañera, Laura Carlotto, también fue secuestrada y asesinada. Se encontraba embarazada de 2 meses y medio. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus restos pudieron ser identificados y su hijo, Guido Carlotto, pudo conocer su historia y reencontrarse con su familia en 2014.

Delmiro Segundo Villagra nació el 18 de febrero de 1954 en Río Turbio. Comenzó la carrera de Veterinaria en la ciudad de La Plata y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. El 22 de diciembre de 1976 fue secuestrado y desaparecido. Tenía 22 años.

Inés Magdalena Uhalde era de Puerto Deseado. Había nacido un 8 de julio de 1956. Estudiaba Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajaba como empleada doméstica y militaba en la Organización Comunista Poder Obrero. Fue secuestrada el 12 de agosto de 1976 y nunca más se supo de ella. Tenía tan sólo 20 años.

Juan Carlos Rossel era de Río Gallegos. Era militante de la Juventud Peronista. Junto a otros compañeros, fundó la Unidad Básica “Mártires de Trelew”. En 1973 fue elegido diputado provincial en Santa Cruz. Había nacido un 19 de enero de 1946.

Viviana Admetlla era de Buenos Aires, pero luego de conocer a su compañero vino a Santa Cruz. Fue maestra en El Calafate. Poco después ingresó a la agrupación Montoneros. Años después conoció a Daniel Toninetti y se fue a La Plata. Fue secuestrada y desaparecida en 1978.

Daniel Alberto Toninetti era oriundo de Córdoba, pero antes de terminar el colegio se instaló en Río Gallegos. Era militante de la JP de Montoneros. Trabajó en la municipalidad y tuvo a cargo un grupo de danzas folclóricas. Se mudó a La Plata, pero en 1977 lo secuestró un grupo de tareas.

Héctor Manuel Irastorza había llegado a Santa Cruz para hacer el servicio militar. Fue secuestrado el 10 de febrero de 1977, mientras era trasladado desde Puerto Deseado a Comodoro Rivadavia. Había nacido en General Villegas en 1951.

Andrés Armendáriz Lache era español, pero a los 10 años su familia se instaló en Puerto Deseado. Fue a estudiar Recursos Humanos a Capital Federal. Militó en la juventud Peronista y luego en Montoneros. El 26 de marzo de 1977 fue secuestrado y asesinado.

Adriana Cecilia Barcia había nacido el 17 de febrero de 1952 en Río Turbio. Era alumna de la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Cuando la secuestraron, tenía 24 años, corría el 1° de julio de 1976.

Juan José Antúnes nació en Entre Ríos el 19 de enero de 1955. Tenía 22 años en el momento de su detención, cuando se encontraba en calidad de conscripto en el Batallón de Ingenieros de Combate 181 en la ciudad de Piedra Buena. Registros afirman que habría militado en la Juventud Guevarista. No hay información de que haya pasado por un Centro Clandestino de Detención. Fue detenido y desaparecido.

Miguel Ángel Hoyo, oriundo de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, inició su servicio militar como conscripto en la Base Naval Ushuaia, Tierra del Fuego.  Miguel Ángel fue dado de baja el 3 de julio de 1977 y, junto con otros compañeros, embarcado en un avión de la Armada con destino final en Ezeiza. De acuerdo con el testimonio de soldados que viajaron con Miguel, el avión aterrizó en Río Gallegos, subieron dos personas y separaron a Hoyo del resto de los conscriptos ya de baja.