Sívori rechazó la derogación de Santa Cruz Puede S.A.U

El presidente de Santa Cruz Puede S.A.U., Gustavo Sívori, expuso en la comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, en el marco del pedido de informes sobre la empresa, a raíz del proyecto presentado por el diputado provincial Carlos Godoy, del bloque Unión por la Patria, que planteó la derogación de la ley que creó la sociedad. Allí, el titular de la firma respondió cuestionamientos sobre su funcionamiento, rechazó afirmaciones incluidas en los fundamentos de la iniciativa y defendió el rol productivo de la empresa.

En su exposición, Sívori repasó las acciones que, según indicó, forman parte del trabajo desarrollado por la sociedad anónima unipersonal en distintas localidades de la provincia. “Nosotros tenemos una gestión completa de la planta municipal de procesamiento de San Julián, con emprendimiento avícola con Puerto Santa Cruz. Hicimos un desarrollo agroindustrial de la provincia, que no se hacía hace muchos años”, señaló.

El titular de Santa Cruz Puede S.A.U. también planteó que uno de los objetivos de su presencia ante la comisión fue explicar el funcionamiento de la empresa y evitar que prospere la propuesta de disolución impulsada en el proyecto legislativo.

“Convencer de que no vayan por la disolución de la empresa. El primer punto habla de la naturaleza estatal que hacemos. Afirma que hacemos esto, pero es falso. Las actividades estatales son la seguridad, defensa nacional, recaudación tributaria, y nada de eso hace la SAU. No ejercemos esas potestades esenciales del Estado”, sostuvo.

En ese tramo, Sívori rechazó que la empresa ejerza funciones propias del Estado en áreas consideradas esenciales. Según expuso, la actividad de la sociedad no está vinculada a seguridad, defensa nacional ni recaudación tributaria, por lo que negó que la firma asuma potestades estatales.

Luego, el presidente de la empresa se refirió a otro de los fundamentos cuestionados del proyecto, vinculado a la supuesta administración de servicios, licencias o recursos estratégicos mediante mecanismos del derecho privado.

“Además, el fundamento nos acusa de concesionar servicios, licencias y recursos estratégicos bajo límites poco claros del derecho privado. Nosotros no administramos servicios públicos, no otorgamos licencias ni adjudicamos recursos estratégicos”, afirmó.

Sívori insistió en que la sociedad no reemplaza los procedimientos administrativos que corresponden a los organismos competentes. En ese sentido, marcó que cualquier articulación con el sector privado debe cumplir con las autorizaciones y controles establecidos por la normativa vigente. “La asociación con privados no exime de tramitar ante los organismos dependientes los permisos que las leyes determinan”, expresó.

Durante la reunión de comisión, el funcionario también respondió a los planteos relacionados con la transparencia y el acceso a la información pública. En ese punto, diferenció el funcionamiento de la SAU respecto de una empresa privada y remarcó que la firma respondió requerimientos formales presentados ante los canales correspondientes.

“Si fuéramos una empresa privada, no tendría la obligación de estar sentado acá ni respondería los cinco pedidos de acceso a la información. Las respondemos en tiempo y forma, y dejamos en mesa de entrada dos de ellos”, indicó.