Piden que se reactive la “Emergencia Nacional en Materia de Adicciones”

La crisis por el brote del Coronavirus atraviesa todas las facetas de la vida diaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo una serie de recomendaciones para evitar el contagio y propagación del llamado COVID-19, siendo uno de los más importantes el llamado “aislamiento social” o bien conocido como cuarentena.

El sistema de salud argentino, luego de las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández, se puso en campaña para evitar que la curva de contagios tenga picos y que, por el contrario, se aplane, evitando muertes por deficiencias en la atención sanitaria. El confinamiento en el hogar es primordial para esa tarea.

Pero como todo tipo de medida, acarrea algunas dificultades; hay coincidencias en que –si bien el fin buscado es inmensamente mayor- puede provocar problemas de tipo emocional, ansiedad, depresión, etc. Por eso es importante estar acompañados por la familia. Una de esas variantes de riesgo en el aislamiento, es la de aquellos que atraviesan un problema con las adicciones, tanto en el uso de drogas o alcohol.   

Combatir el narcomenudeo- En ese contexto, en la anterior sesión ordinaria de Cámara de Diputados se presentó un proyecto del diputado Carlos Santi (Frente de Todos), solicitando a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (ex SEDRONAR) que analice la posibilidad de reactivar los dispositivos y alcances de la declaración de la “Emergencia Nacional en Materia de Adicciones”.

Dicha declaración tiene alcance nacional y fue dictada mediante el Decreto Nacional Nº1249/2016, cuya vigencia feneció el 31 de diciembre de 2018. Este pedido –según recordó el propio Santi a TiempoSur- no es el primero de este tipo. De hecho, en el proyecto sostuvieron que desde el año 2011 -a través de los proyectos 446/2011, 224/2012, 322/13 y 049/16 (todos enviados al archivo)- se pidieron medidas similares. Y el actual Nº118/2018, se propuso la necesidad de adhesión a la Ley Nacional Nº23.737 y sus modificatorias y complementarias.

Este último, trata sobre “asumir en nuestra jurisdicción las acciones tendientes a combatir el denominado narcomenudeo, no hacen más que advertir sobre la necesidad de contar con herramientas no solo legislativas sino reales que confieran operatividad a las acciones que se deben desarrollar para hacerle frente al daño que el flagelo de la droga está provocando en nuestra sociedad”.

Por otro lado, en un proyecto del propio Carlos Santi, de Resolución Nº535/2016, se requirió “puntualmente la gestión y envío de fuerzas especializadas federales que aporten su experiencia y procedimientos en Puerto Deseado, por tratarse de una zona ‘caliente’ y por ser cada vez más evidente el daño que la droga provoca entre la población joven”.

“Desconocemos los resultados que arrojó la aplicabilidad de dicha normativa, pero la realidad nos indica que es necesario contar con dispositivos de esa naturaleza que, con cobertura federal, promueva la prevención y concientización que coadyuve en rescatar a los sectores vulnerables de la sociedad que se ven afectados por este flagelo, que hoy sigue siendo una de las causales más importantes de delitos de mayor gravedad que aquejan a nuestra sociedad y lejos estamos de erradicarlos sin acciones concretas”, destacó en el proyecto.