La Asociación de Inmobiliarias advierte que la crisis habitacional es un problema económico y no de oferta

 La Comisión Directiva de la Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS) —encabezada por su presidente Pedro Uribe, la secretaria Graciela Sancho y la tesorera Graciela Martínez— fijó postura institucional sobre el Proyecto de Ley de Emergencia Habitacional impulsado por el diputado provincial Santiago Aberastain. Tras un análisis técnico de la iniciativa, la entidad afirmó que la propuesta legislativa parte de un «diagnóstico parcial y poco objetivo» sobre la realidad inmobiliaria de la provincia. 

Desde la entidad sostienen que, si bien existen dificultades de acceso a la vivienda, el trasfondo no radica en la falta de propiedades en el mercado, sino en una severa crisis económica y financiera que afecta de manera directa la capacidad de pago de las familias. 

«La evidencia del propio mercado demuestra que existen numerosas viviendas disponibles tanto para alquiler como para venta en distintas localidades de la Provincia. El verdadero problema es que una gran parte de la población ya no cuenta con capacidad económica para acceder a ellas», expresaron desde la ACIS.

Caída del poder adquisitivo

Para fundamentar su postura, el sector inmobiliario detalló el desfasaje entre el costo de vida y los ingresos de los trabajadores: 

Inflación e ingresos: Se registran índices de inflación interanual superiores al 33%, frente a incrementos salariales que en muchos sectores apenas rondan el 17%.

Impacto en el empleo público: El deterioro salarial golpea fuertemente a los empleados de la administración pública, uno de los sectores laborales con mayor presencia en la provincia.

Nuevas dinámicas familiares: Es cada vez más recurrente que dos o tres grupos familiares deban unirse para habitar una sola vivienda y compartir gastos.

Mudanzas por imposibilidad de pago: Inquilinos con un historial de cumplimiento impecable se ven forzados a declinar renovaciones —incluso cuando estas se proponen sin aumentos— para trasladarse a inmuebles de menor valor adaptados a sus posibilidades económicas.

Observaciones institucionales

Asimismo, la ACIS planteó reparos sobre la propuesta de otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para agilizar trámites administrativos. Al respecto, señalaron que la desburocratización y modernización del Estado debe abordarse como una política pública permanente y no como una medida excepcional atada a una ley de emergencia. 

Por otro lado, remarcaron la necesidad de preservar la seguridad jurídica y el derecho de propiedad. Según expresaron, cualquier marco normativo debe brindar previsibilidad para no desalentar la inversión privada ni minar la confianza de los propietarios, actores clave para sostener la oferta de alquileres. 

Falta de precisiones y propuesta de fondo

Entre las falencias señaladas al proyecto legislativo, la asociación destacó que la iniciativa no especifica:

• El monto ni el origen de los recursos financieros que se asignarán.

• La cantidad proyectada de soluciones habitacionales ni los plazos de ejecución.

• Las localidades prioritarias para la aplicación de la medida.

• Mecanismos concretos para fomentar el crédito hipotecario, incentivar la inversión privada o dinamizar el mercado de alquileres.

En conclusión, la ACIS instó a la Cámara de Diputados a debatir una política habitacional integral que contemple el esfuerzo conjunto del sector público y privado, la generación de suelo urbano con servicios y la implementación de medidas macroeconómicas orientadas a la recomposición del poder adquisitivo. 

Dato institucional: La postura fue suscripta por la Comisión Directiva de la ACIS (Personería Jurídica N° 1411), representada por Pedro Uribe (Presidente), Graciela Sancho (Secretaria) y Graciela Martínez (Tesorera).