Martín Chávez denunció “extorsión política” y discriminación financiera contra Río Gallegos

El concejal de Río Gallegos, Martín Chávez, lanzó duras críticas contra la gestión del gobierno provincial de Santa Cruz tras el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia que revocó el amparo municipal por los aportes previsionales. En una entrevista radial para el programa La Bisagra (Tiempo FM), el edil calificó la medida judicial como un avasallamiento a la autonomía municipal y aseguró que se utiliza como un mecanismo de presión política.

El fallo judicial y el “doble pago” previsional

Chávez sostuvo que la decisión del máximo tribunal provincial afecta directamente las finanzas de Río Gallegos y de otras localidades, vulnerando la supremacía constitucional que garantiza la autonomía financiera de los municipios.

El concejal argumentó que las comunas ya realizan un aporte previsional indirecto:

“Paga mal quien paga dos veces. Con la ley de los 90 se estableció que, previo a la distribución de recursos de coparticipación entre provincia y municipios, se detrae un 20% para el sostenimiento de la Caja de Previsión Social. Por lo tanto, los municipios ya están aportando”.

Asimismo, advirtió sobre el concepto de “indisponibilidad del crédito” que enfrentan las intendencias, traduciéndolo de forma llana: “Significa, simplemente, que no está la plata para afrontar estas exigencias y cumplir a la vez con los salarios y el costo operativo”.

Acusaciones de “extorsión” y un endeudamiento de 1.100 millones de dólares

Para Chávez, el fallo judicial no es un hecho aislado, sino una herramienta de presión para forzar la aprobación de un millonario endeudamiento en la Legislatura provincial.

La cifra real de la deuda: El concejal desmintió que el empréstito solicitado por el Ejecutivo sea de 600 millones de dólares. “Contando los intereses a lo largo de los 17 años de plazo de pago, los santacruceños terminaremos debiendo 1.100 millones de dólares”, alertó.

Falta de transparencia: Cuestionó el destino de los fondos públicos obtenidos previamente por la provincia, como los 200 millones de dólares del acuerdo con YPF que, según denunció, se utilizaron para pagar gastos corrientes y aguinaldos en lugar de las obras de infraestructura prometidas.

Déficit en obra pública: Criticó la ineficacia de la gestión provincial señalando que “llevan tres años para terminar un camping” y lamentó que no se hayan destinado recursos a la red vial o al sistema de salud, donde el Hospital Municipal de Río Gallegos debe absorber más de 60.000 consultas anuales ante la falta de insumos en el hospital regional.

El debate por una nueva Ley de Coparticipación

El edil insistió en la necesidad urgente de discutir una nueva ley de coparticipación que termine con la actual asimetría en la distribución de fondos, detallando que actualmente la provincia retiene cerca del 90% de los recursos, dejando solo un 10% a distribuir entre todos los municipios.

Chávez denunció que Río Gallegos sufre un bloqueo financiero inédito desde el retorno de la democracia:

“Este gobierno asiste a Caleta Olivia con 13.000 millones de pesos, a Perito Moreno con casi 1.000 millones y a las comisiones de fomento con 1.500 millones. Pero a Río Gallegos no lo asiste. Desde 1983 a la fecha, es la primera vez que nuestra ciudad no recibe aportes del Tesoro Nacional ni del Tesoro Provincial. Esto no es contra el intendente, es una zancadilla directa a los vecinos”.

Agenda legislativa durante el receso

A pesar del receso en el Concejo Deliberante, Chávez informó que continúa trabajando en dos proyectos prioritarios para la ciudad:

Canasta Básica Río Galleguense: Una iniciativa para medir el costo de vida real de la ciudad, argumentando que los índices del INDEC no reflejan la inflación de la región.

Red de cloacas para 19 barrios: Un llamado al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) provincial para ejecutar la obra de saneamiento utilizando los caños que ya fueron adquiridos y certificados por el municipio.

Finalmente, el concejal criticó la inacción de legisladores nacionales de la oposición santacruceña frente a los perjuicios del gobierno nacional, apuntando contra los recortes en pensiones por discapacidad y la falta de inversión de la empresa Transener en la red eléctrica local, en un contexto donde la capital provincial registra, según sus declaraciones, el índice de desempleo más alto del país.