Falsificación de ordenanza

Gabriel Giordano: “Todo está conectado “a un tema de conflictos de poderes”

Gabriel Giordano y Sandro Levin, abogados de Carlos Fuentes, hablaron sobre la causa en la que acusan a Fernando Españon de falsificar una ordenanza.

Gabriel Giordano
Gabriel Giordano
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Los abogados defensores del ex Secretario de Gobierno Carlos Fuentes de 28 de Noviembre dieron una conferencia de prensa donde hablaron de la causa que implica también al intendente Fernando Españón y a otros funcionarios.

“El intendente de 28 de Noviembre y el entonces secretario de Gobierno, Fuentes, nos han convocado en virtud de la denuncia por la cual quedaron procesados en el marco de una causa que tuvo su origen en 2020”, comentaron Gabriel Giordano y Sandro Levin.

Giordano declaró que todo está conectado “a un tema de conflictos de poderes” y que eso ya fue denunciado ante el Tribunal Superior por el doctor Muriete, que estuvo en la defensa antes de su muerte.

“Tomaremos vistas a la brevedad para saber de qué se trata porque desconocemos el estado del mismo. Como así una denuncia que hizo Muriete ante la Fiscalía Federal, previo al dictado de este procesamiento, donde denuncia a la magistrada interviniente a la doctora Bustos y al fiscal por abuso de poder”, aseguró el abogado. 

Además, Giordano dijo que “hemos advertido en la causa que había una sola cara. Lo que dijo la prensa es la versión de una sola cara. Tener en cuenta que nuestros imputados no han prestado declaración ante el juzgado, hay una sola versión de un testigo, que además tiene interés legítimo, porque estaba en ese conflicto de poder enfrentado con la intendencia, movilizándose y haciendo acampes y ahora utiliza la instancia judicial para judicializar el conflicto político”.

Agregó: “Se ha dictado una resolución de procesamiento apresurada, infundada. Se han cometido errores groseros como realizar una pericia sin las características técnicas que se deben realizar, sin notificar a las partes de forma adecuada y sin control del resguardo de la cadena de pruebas”.

Por su parte, Levin denunció que “del autoprocesamiento tuvieron conocimiento del texto primero los medios y después los imputados, esa es una cuestión de gravedad institucional. Es una cuestión que la hicimos saber en el expediente”. 

“La política tiene que resolver las cuestiones políticas y la justicia tiene que resolver cuestiones jurídicas”, aseveró y explicó que “no se puede judicializar cuestiones políticas porque no es el ámbito. Esto está plagado de irregularidades que nosotros lo vamos a plantear al momento de interponer el recurso de apelación”.

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