El proyecto que obligaba el debate de candidatos en Santa Cruz, que nunca fue tratado

Hace siete años en la legislatura provincial de Santa Cruz, se presentó un proyecto que instauraba el debate obligatorio de candidatos a Gobernador e Intendente en toda la provincia.

Fue propuesto en noviembre de 2016 por la legisladora Gabriela Peralta, exministra de Desarrollo Social, un año después de que todos los candidatos a Presidente participaran por primera vez, de un debate o exposición de ideas en Argentina.

La iniciativa nunca fue tratada en el recinto, aunque en su  momento tuvo el apoyo -por lo menos público- de algunos diputados del oficialismo.

En 2015 en Rio Gallegos, se había realizado  por segunda vez, un debate  de postulantes a la Intendencia. Esto luego no se replicó en 2019.

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El proyecto

La letra exacta del proyecto de Ley, establecía  la difusión "por el sistema de medios públicos, de señal abierta y gratuita; y obligatorio entre los candidatos a titulares de Poderes Ejecutivos, tanto Provincial como Municipal".

La autoridad de aplicación sería la Autoridad Electoral Provincial competente, que se debía encargar de: establecer lugar y horario para la concreción del o los debates, garantizando la neutralidad del ámbito elegido; notificar a los apoderados partidarios o representantes elegidos para tal caso, con mínimo 20 días de anticipación a la realización del debate; elaborar un reglamento que paute la metodología y reglas bajo las cuales se desarrollará el debate. (El mismo será puesto a consideración y acordado por los candidatos o sus representantes, previo al debate. Se entiende por reglamento general del debate a todas las disposiciones internas que refieran a cuestiones específicas como la selección de moderadores, tiempo de exposición de cada candidato, tópicos a tratar, fecha del debate y del sorteo previo, modalidad para determinar invitados, etc. Respetando en todos los casos la igualdad de condiciones y oportunidades de los participantes); designar un moderador para cada debate, con trayectoria en el ámbito periodístico o académico y que garantice imparcialidad;  

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acordar la agenda de temas que se debatirían; y garantizar la participación de instituciones del ámbito académico y organizaciones civiles comprometidas en la promoción de los valores democráticos y los derechos ciudadanos.

Los gastos, deberían ser solventados por el Ejecutivo, y si los postulantes no asistían al debate se les aplicaría una multas fijada por la autoridad de aplicación.