Denuncian penalmente a funcionarios de la CSS

La diputada radical Estela Maris Bubola se presentó ayer en la fiscalía Nº 2 donde solicitó que la justicia cite a la ex interventora de la Caja de Servicios Sociales (CSS) Liliana Korenfeld, quien renunció realizando fuertes acusaciones sobre malversación de fondos en el ente.
Tras ser recibida por el fiscal Martín Sedan, Bubola explicó que Korenfeld  “dejó en claro las irregularidades de la Caja. No puedo dejar de dar cuenta esos dichos porque hay serias irregularidades. Debemos abrir los ojos, tener control todos los santacruceños”, sostuvo al especificar que “me presento como diputada y afiliada de la Caja”.
“Denunció los dichos de Liliana (Korenfeld) y el cuerpo de la denuncia es por falta de los deberes de funcionario público” continuó y “pido que la citen en la justicia y que llamen a quienes son responsables del desfalco de la Caja de la anterior gestión. No sería justo que llamen a Liliana y no a los que hicieron un serio desfalco”, remarcó Bubola.
Las denuncias “hay que hacerlas y seguirlas. Voy a insistir para que eso se solucione y salgan todos los balances, de nada serviría que no se siga y no se sepa qué es lo que realmente pasó”, dijo finalmente.

Las irregularidades- Cabe recordar que al momento de renunciar luego de los hechos ocurridos en la legislatura el 29 de diciembre pasado, Korenfeld hizo público un comunicado en el que exponía la situación de la Caja de Servicios Sociales. Entre los puntos centrarles explicaba: “Al momento de mi asunción (10 de diciembre),  me encontré con un saldo negativo de $ 208.000, esta cifra que en la totalidad de los ingresos de la O. S. puede parecer menor, toma otra dimensión cuando al solicitar información verifico el ingreso de 9 (nueve) millones de pesos enviados desde el Ministerio de Economía, mas 3 (tres) millones de pesos para reponer en lo que se denomina Fondo de Terceros (La Obra Social, al igual que otros entes es agente de retención, en este caso de AFIP, por lo que esos fondos no le pertenecen a la Caja de Servicios Sociales, por tanto no deben ser usados, hacerlo es ilegal). Los nueve millones de pesos fueron gastados entre el 5 y el 7 de diciembre, es decir en dos días; con una premura que habilita preguntarse cuál es la razón que generó la urgencia de pago. Más aún cuando constato la distribución de esos pagos y encuentro que, $408.370 fueron destinados al pago de publicidad o por ejemplo $28.000 para un asado destinado a la despedida del anterior Interventor”.
Por otro lado denunció desorden, firma de Convenios que en su mayoría comprometen el dinero de los afiliados, gasto en publicidad y propaganda cercano a los dos millones y medio de pesos”, entre otras muchas  irregularidades.