Emergencia Alimentaria: ahora es el turno de los senadores santacruceños

Con 222 votos afirmativos, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el pasado 12 de septiembre la Emergencia Alimentaria hasta el 2022 en un proyecto elaborado por la oposición, en el que el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, había adelantado que el oficialismo iba a estar presente en el debate.

Los votos positivos incluyeron   a los cinco legisladores de Santa Cruz (Máximo Kirchner, Juan Vázquez del FPV-PJ, y Roxana Reyes y Antonio Carambia (Cambiemos), salvo la ausencia de Nadia Ricci, electa diputada provincial el 11 de agosto).

Todos los medios nacionales dan por sentado que se aprobará en el Senado el proyecto que estipula el Artículo 4° “un incremento de emergencia de, como mínimo, el 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.

El viernes la presidencia del Senado convocó a sesión especial para tratar la ley.

Mira Tambien

Balance y objetivos de cara al cierre de gestión

Será el turno de los senadores  Eduardo Costa (Cambiemos), ex candidato a gobernador  vencido en las generales; Ana María Ianni (FPV-PJ) y María Belén Tapia.

De acuerdo al voto positivo en la Cámara Baja, es casi un hecho que los senadores de Cambiemos obren del mismo modo el miércoles.

De aprobarse, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), su aplicación le costará al Estado unos 10.489 millones de pesos, destacó Infobae.

Mira Tambien

El clima para hoy en Santa Cruz

Además se faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros a partir del año que viene “y hasta que dure la emergencia” a “actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro 'alimentos y bebidas no alcohólicas' del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)”.

El Ejecutivo podrá ampliar el presupuesto con el objetivo de que se concrete “un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.

(“Actualmente -destaca la OPC- las políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición se implementan a través de los programas Políticas Alimentarias y Plan Nacional de Protección Social, ambos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSyDS), como así también a través del programa Pro Bienestar del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP)”).

Mira Tambien

“No tiene que haber merenderos, los chicos tienen que comer con su familia”

El costo fiscal

Sobre el Artículo 4°, el informe de la OPC aclaró que “si el incremento se calcula sobre los saldos de créditos no ejecutados al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $4.061 millones”.

“Al respecto, resultaría conveniente establecer el alcance de la medida en el Artículo 4, precisando el detalle de los programas involucrados y el significado de “partidas presupuestarias vigentes” para aplicar el incremento”, recomendó y agregó: “En cuanto a la forma en que se atenderá el financiamiento de la medida, si bien en el Artículo 4° no queda especificado, de acuerdo con la lectura del Artículo 6°, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional “las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”, estableciendo como límite que  “las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad Servicios Sociales””.