Basanta define cuando pone fin al Observatorio del Delito y el Consejo del Salario

Tal como anticipó en exclusiva TiempoSur en su edición de ayer, se están llevando adelante una serie de reuniones entre los integrantes de la plana mayor, jefes de departamento y regionales, bajo la premisa de adecuar el servicio de acuerdo las necesidades y a los requerimiento de cada área.

De este modo, se habría logrado dar nuevamente disponibilidad a una veintena de uniformados que estaban afectados a cumplir el servicio de vigilancia en distintos ministerios y organismos, cobrando lo mismo que un trabajador que cumple sus funciones en una comisaria, acude a requerimientos y patrulla los barrios.

La decisión del ministro de Gobierno y Seguridad, Fernando Basanta (30), que viene de dirigir las relaciones con el Poder Legislativo en el Ministerio de Justicia de la Nación, es de ponerle fin a la ingeniería del Observatorio del Delito, creada por decreto durante la gobernación de Daniel Peralta, bajo la premisa de acercarle herramientas útiles al Estado para aplicar políticas públicas en materia de seguridad.

Eso no sólo nunca sucedió, sino que operativamente el Observatorio tampoco estuvo funcionando hasta que, recién habiendo transcurrido dieciocho meses desde su creación, iniciaron una suerte de encuesta de victimización por algunos sectores de Río Gallegos, cuyos resultados nunca fueron revelados.

En este punto, vale mencionar que información a la que tuvo acceso este medio da cuentas de que durante la última campaña electoral, quienes llevan adelante el Observatorio, unos seis efectivos con Ariel López a la cabeza y que contaron con la venia política para sumar a treinta personas que hoy tienen el rango de directores en la Administración Pública, lograron contratos con algunos municipios para realizar encuestas de seguridad, por las que habrían cobrado sumas cercanas a los 380 mil pesos.

Asimismo, el Consejo del Salario dejaría de estar operativo, aunque en este punto, si bien el mismo también sería revertido por decreto, tal como fue creado, no tiene consenso entre los uniformados quienes no vieron con buenos ojos la última discusión salarial de 2014, cuando incluso muchos policías fueron denunciados de sediciosos al repudiar que sus referentes no respaldaran el reclamo salarial.

Pero según informaron fuentes del Gobierno provincial, la decisión es política y no participaría la cúpula de la fuerza.

Con relación a la Asolación Policial creada en su momento por Mario Monsalvo, ésta no correría la misma suerte, sino que Basanta estaría dispuesto a permitir que exista en el marco de la ley y orientada a una asociación sin fines de lucro.

Pero aquí, sería en todo caso, que los uniformados que prestan servicios allí, vuelvan también a sus lugares de trabajo.

Por el momento Basanta está evaluando y el clima está tranquilo básicamente porque hay consenso para avanzar en la intervención del Estado en órbitas que se crearon al servicio público y terminaron muy alejadas de la política de seguridad provincial.