Investigan a policías que obstaculizaron el acceso al juez en la Comisaría Tercera

La Fiscalía Federal de Río Gallegos, a cargo de Julio Zárate, tomó intervención -con el apoyo funcional de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN)- en el caso judicial iniciado a partir de los hechos verificados el 29 de noviembre pasado, cuando el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, asistido por los secretarios Lautaro Khalil Mazzoletti y Carlos Cerezoli, concurrió a la Comisaría 3.ª de la Policía de Santa Cruz, con el objeto de entrevistarse con un detenido allí alojado y anotado a su disposición, en el marco de actuaciones en trámite ante el juzgado a cargo del magistrado.

En ese contexto, diversos funcionarios policiales de la repartición, entre ellos su titular y la subcomisaria de la seccional, intentaron impedir el ingreso de la comisión judicial, valiéndose de insultos, agravios y medidas obstructivas de diverso orden.

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Lejos de deponer su actitud, los/as funcionarios/as policiales provinciales desoyeron las sucesivas mandas emanadas por el propio juez federal presente -incluido el allanamiento del local- y debieron ser desalojados de la dependencia por superiores de la misma fuerza, previo despojarlos de sus facultades.

La PROCUVIN recuerda la plena operatividad de las facultades de los/as magistrados/as para la inspección sin obstáculos de todos los espacios de encierro.

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En lo concerniente al Ministerio Público Fiscal, el artículo 120 de la Constitución Nacional; los artículos 1, 9 inciso c y 20 inciso c de la Ley 27.148, Orgánica del Ministerio Público Fiscal; la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul); y las resoluciones de la  Procuración General de la Nación números 36/91, 4/12, 114/11, 10/11, 11/11 (36/91), 3/11, 166/05 y 28/99, fundamentalmente, no dejan lugar a dudas sobre la inexigibilidad de autorizaciones o permisos para que los/as magistrados/as y funcionarios/as judiciales accedan a esas locaciones en el marco de su incumbencia.