El Gobierno anunció un paquete de proyectos para modificar la ley de Seguridad Interior

Los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) anunciaron hoy un paquete de leyes que incluirá, entre otros puntos, una normativa para instrumentar penas de prisión para los organizadores de piquetes y bloqueos. También, la modificación de la Ley de Seguridad Interior para modificar el rol de las Fuerzas Armadas.

Según había adelantado el vocero presidencial, Manuel Adorni, el mencionado paquete de leyes a modificar o enviar al Congreso para su aprobación incluye “legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos”.

“Estamos impulsando en el Congreso Nacional una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante determinados supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior”, afirmó el funcionario.

Sobre las leyes para el área de Seguridad, estas modificaciones ya habían sido presentadas en la Ley Ómnibus, que el oficialismo presentó al inicio de la gestión pero no logró motorizar en el Congreso. Por ello, desde Casa Rosada decidieron avanzar de nuevo con estas iniciativas, pera esta vez en un paquete mucho más acotado.

Según el proyecto original, que ahora se buscará reflotar, se aclara además que si el acto se hace “portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.

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Asimismo, se buscará crear la figura penal para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”, los cuales “serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.

Esta condena aumenta hasta a 6 años si se lleva adelante “mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.

Por otra parte, también se indica que los organizadores “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado” durante la protesta y que si durante la movilización se corta el tránsito o participan “menores sin la correspondiente compañía” de sus tutores, serán multados por hasta veinte mil unidades fijas, lo que equivale actualmente a 5.802.000 de pesos.