Caso Jorge Cruz: Dos años de prisión en suspenso y polémica por el fallo

La Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial dictó la sentencia oficial contra Jorge Cruz en el marco de la causa que investigaba el delito de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas. El tribunal le impuso al exsecretario de Gobierno una pena de dos años de prisión de cumplimiento en suspenso.

El caso se remonta al trágico fallecimiento de un operario y las lesiones de un segundo trabajador mientras realizaban el montaje de una antena en un predio propiedad del imputado. Tras notificarse el fallo, el abogado defensor de Cruz, el Dr. Gabriel Giordano, confirmó que apelará la resolución, argumentando que la teoría del caso de la defensa no fue receptada en su totalidad y que la condena sienta un peligroso antecedente para los propietarios de inmuebles.

La teoría de la defensa

En diálogo con la prensa, Giordano detalló que, si bien el tribunal no aplicó la "exorbitancia" de pena que solicitaba el Ministerio Público Fiscal, el fallo contiene puntos equívocos. Según la defensa, los verdaderos responsables de la fatídica pérdida de la vida humana son un intermediario, identificado como Rubén Romero, y el propio antenista contratado.

"Ambos fueron al margen o a espaldas del propietario del lugar donde se iba a instalar la antena. Quedó claro en el desarrollo del juicio, por los más de 300 audios reproducidos, que toda la conversación interactiva era entre Romero y la víctima", aseveró el letrado.

El defensor criticó con dureza lo que denominó un "acuerdo subliminal" entre la fiscalía y la defensa oficial de Romero, lo que derivó en la absolución de este último debido a que la fiscal del caso optó por no acusarlo. "Nos llamó poderosamente la atención que le imputaran todo el hecho a Cruz cuando de los audios se desprendía lo contrario".

Asimismo, Giordano recalcó que nunca se probó un nexo de causalidad eficiente entre Cruz y el resultado lesivo. "Nunca se probó el vínculo; Cruz no tuvo interacción con la persona que falleció y menos aún con el segundo de ellos, que fue llevado al lugar sin su conocimiento". Según el abogado, su defendido —quien en ese momento era secretario de Gobierno— sabía que el montaje de antenas requería una ordenanza vigente y le había advertido explícitamente a un tercero contratado que no se realizara ninguna labor hasta tanto no estuviera la autorización correspondiente.

Nulidad de alegatos y el trasfondo económico

Un punto favorable para la defensa fue la declaración de nulidad parcial de los alegatos de las querellas. Al respecto, Giordano diferenció la postura de su cliente de la de los demandantes, señalando que Cruz siempre colaboró económicamente costeando traslados y gastos de la víctima.

"Acá no hubo un tema económico de nuestra parte. Sin embargo, en una de las querellas subsiste un interés muy particular: no buscan justicia, sino buscar dinero. Por eso consideramos que el ámbito especial es el derecho civil, donde ya hay una demanda en curso", disparó el abogado, criticando que se utilice el derecho penal como una herramienta de resarcimiento económico.

Un "precedente jodido" 

El punto más crítico señalado por el letrado radica en las implicancias de la sentencia para la comunidad. "El precedente es grave institucionalmente. A partir de ahora, cualquier persona que ingrese sin autorización a su predio y haga un trabajo a un tercero, usted por el solo hecho de ser propietario va a responder penalmente".

Finalmente, Giordano confirmó que cuenta con un plazo de 10 días para interponer el recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia. No obstante, aprovechó la oportunidad para lanzar una dura crítica a la estructura judicial de la provincia, calificando el sistema procesal actual como "obsoleto" ante la inexistencia de una Cámara de Casación Penal en Santa Cruz.

"No se está respetando el 'doble conforme' de los tratados internacionales. Al no haber Cámara de Casación, se salta una instancia y se va directo al Tribunal Superior, donde hay causas paradas hace más de cinco años. Además, existe un límite que impide casar cuando la pena es menor a cinco años, por lo que deberemos articular un recurso de inconstitucionalidad para sortear esa traba", concluyó el letrado.

De quedar firme la sentencia, Cruz cumplirá la pena de dos años en suspenso bajo la condición de no cometer nuevos delitos, aunque le figurará un registro de antecedentes penales por un lapso de 10 años.