Agravaron la pena a los acusados por la desaparición de un estudiante santacruceño

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia ordenó una pena más dura por la desaparición forzada de Ricardo Cittadini, el joven estudiante nacido en Gobernador Gregores y detenido por la Policía Federal, torturado por la dictadura militar en el mes de agosto de 1976. Cinco años atrás, el Tribunal Federal de la Capital había condenado a cinco años a los dos policías, imputados por la privación ilegal de la libertad, agravada por haber sido cometida por un funcionario público. El caso había sido elevado finalmente –con esa calificación-  al Juzgado de Instrucción de Daniel Rafecas. La condena de cinco años había sido votada por mayoría, ya que el voto disidente consideraba que en la causa tenía que quedar asentado que hubo “tormentos” por las reiteradas torturas que había sufrido Cittadini tras su detención. En el año 2017 la fiscal le dio la razón a la Fiscalía y la querella, revocó en parte el fallo y ordenó una nueva sentencia que sumara el agravante a los represores.

En septiembre de 2016 el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal había condenado a 5 años de prisión domiciliaria a dos policías federales: el comisario Miguel Alcides Viollaz y el sargento Nicomedes Mercado.

Quién fue

Nació en 1954 en el pueblo patagónico de Gobernador Gregores (Chubut) un 15 de noviembre de 1954. Cuando tenía 6 años, con su familia se trasladó a Trelew. Sus profesores del colegio lo recuerdan como un excelente alumno, con los mejores promedios, serio, respetuoso, responsable, algo tímido e introvertido, pero dulce y muy sensible. Los que iban con él a la escuela afirman que era un excelente compañero. En su adolescencia hizo de todo un poco: un curso de lectura veloz, dibujo, ovinotécnia, magia, taxidermia, etc. Le gustaba el ajedrez, la pesca, los campamentos, el metegol, el ping-pong y los partidos de truco. Fue detenido a las 17:00 del 17 de agosto de 1976 por la Policía Federal, en una plaza, junto a Ricardo Camino Gallo, uruguayo y refugiado de Naciones Unidas. Este fue liberado y denunció a la familia de Ricardo la detención de su compañero, pero la Policía de la Comisaría 28 de esta Capital, negó tenerlo demorado o preso. Ricardo Alberto Cittadini estudiaba Ciencias Económicas en La Plata y era militante de Juventud Universitaria Peronista (JUP).

El proceso judicial

Con este escenario judicial TiempoSur se comunicó con Eduardo Cittadini, hermano de la víctima de delitos de lesa humanidad, quien brindó detalles de lo sucedido. “Después del fallo en primera instancia no hay condena firme, tiene que pasar por casación. Se tomaron unos años y nos dieron la razón, que hubo tormentos. Se ordenó al Tribunal Oral que había dictado el fallo que dicte uno nuevo. Se apeló a la Corte Suprema, pasaron algunos años y también nos dieron la razón”, relató.

“La Corte Suprema confirmó lo de casación, que se tenía que brindar un nuevo fallo. Tras esto, se presentó un pedido porque los represores no podían afrontar el proceso, dándole la razón a ellos, pero quedaron con condena firme. En cuando a mercado, tiene que seguir el proceso y estamos a la espera que el mismo Tribunal Oral, que emita un nuevo fallo incluyendo el agravante de tormento, pero no sabemos cuántos años le darán. No hay un nuevo fallo, sino una disposición que se tiene que emitir”, explicó el hermano sobre el proceso judicial.

Su familia

Sobre como llevó el proceso judicial la familia de la víctima, el hermano del desaparecido contó a este medio que están preocupados por la lentitud. “Nosotros lo tomamos reconociendo la importancia del movimiento, que son tremendamente lentos. Hay cierta desazón con los tiempos, esperamos cuarenta años para tener el juicio y tuvimos que esperar 5 más para que confirme la condena. Son tiempos que no son justos para nosotros ni los procesados”.

De todas maneras, aclaró que “no deja de ser importante tener una condena efectiva y la otra que sigue en proceso. Es el primer comisario por ejercicio de funciones, la primera es considerada en centro clandestino de detención. No es menor, las penas que dictaron eran bajas, pero seguimos dando la pelea. Ninguno jamás habló nada (los represores), así que nos falta lo más importante que es saber qué pasó con Ricardo. No sabemos si lo mataron esa noche, se vivió o no. Sólo sabemos que pasó por ahí, en Barracas de Buenos Aires”.

Santa Cruz a la querella

El Gobierno de Santa Cruz formará parte del primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizará en el territorio provincial, lo que constituye un hecho histórico vinculado al juzgamiento de las atrocidades perpetradas durante la última dictadura cívico-militar.

La Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, informó que el Poder Judicial de la Nación ha hecho lugar al pedido de constitución en querellante del Estado provincial, entendiendo que la Provincia de Santa Cruz es parte necesaria en el proceso por el interés público que lo motiva.

Los hechos que se investigan involucran la desaparición forzada de Héctor Manuel Irastorza, ex soldado conscripto, que el día 10 de febrero 1977 habría sido secuestrado en ocasión de tomarse un ómnibus en la localidad de Puerto Deseado para cumplir con una comisión de servicios. A pesar de la búsqueda familiar, nunca se pudo conocer más nada de él.