Marcha en Río Gallegos

Silvia Colarte: “Nunca la muerte puede ser la solución”

Decenas de autos en caravana se manifestaron por primera vez en contra del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se discutirá esta semana en el Congreso.

Primera marcha en contra del aborto legal.
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Decenas de automóviles marcharon ayer por la tarde en la capital santacruceña, en lo que fue la primera movilización en contra del proyecto de legalización del aborto, que envió el Ejecutivo nacional al Congreso de la Nación y que se estima, comenzará a debatirse esta semana.

La caravana fue promovida por ACIERA -Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina- pero también la Iglesia Católica invitó a los fieles a que se sumen.

El reclamo contra el proyecto sumó además a los Jerarcas Ortodoxos de Argentina.

“No quisiéramos haber hecho la movilización, pero si es así, tendrá que ser así”, sostuvo a TiempoSur la Pastora Silvia Colarte de la Iglesia “Hay vida en Jesús”.

Los cristianos evangélicos criticaron en la misma línea a nivel nacional que el proyecto se discuta durante un año de pandemia con los diversos problemas económicos y sociales que se atraviesan, y que el debate sea luego de dos años de que la norma haya sido rechazada en el Senado de la Nación.

“La gente quiere otras soluciones, pero también da cuenta que esto muestra el fracaso social porque hace dos años se dijo “Sí a las dos vidas”, pero no se hizo nada durante estos dos años”, reclamó Colarte.

Remarcó la “terrible situación” que atraviesan las personas” y “que se vuelve a arremeter como una solución al aborto y ahí está el problema”.

La Pastora remarcó que una medida es la prevención y más en un contexto de pandemia en el cual “colapsó el sistema de salud”. “Esto es en el medio de una crisis social, económica y de salud en donde han muerto muchos argentinos y esto serían más muertos”, añadió.

“Ésta no es la solución, nunca la muerte puede ser la solución”, acentuó y precisó que “mucha gente de la comunidad católica se suma a las marchas y esta vez no será la excepción”.

Hace dos años, el sector realizó mesas informativas en los barrios de Río Gallegos, que estuvieron a integradas por profesionales de la salud, abogados, psicólogos, en donde informaron lo que implicaría la aprobación de la ley que quedó trabada en el Senado. En ese momento y también ahora, y como un fundamento más, advirtieron que en general las personas no apoyan el aborto.

 

“MAYORÍA”

Días atrás el Consejo Directivo Nacional de ACIERA difundió la declaración “Aborto: un debate inoportuno, otra vez”, en la que expresó su rechazo. “La mayoría celeste ya dijo que NO y volverá a decir que NO. En cada plaza, parque, barrio y sin pausa”, indicaron.

“Más del 50% de los ciudadanos considera que no es el momento adecuado para su tratamiento” y recuerda que en 2018 “luego de un largo y profundo análisis, los senadores en el Congreso dijeron que no, que no podía transformarse en ley porque había una mayoría en contra de su aprobación”, destacaron, y que “estudios más actuales y sondeos explicitan con claridad que más del 50% de los ciudadanos considera que no es el momento adecuado para su tratamiento, que no está entre sus 15 primeras prioridades, y que el porcentual de importancia relativa es menor del 2% comparada con temas como inseguridad, pobreza o pandemia”.

Consideraron que “hay una gran mayoría celeste por sobre el movimiento verde que se concentra mayormente en la Ciudad de Buenos Aires”, y que “16 de 24 provincias son mayoría celeste, convirtiéndose en el 70% de la conformación federal del país”.

 

LOS VOTOS

Como informó TiempoSur todos los diputados santacruceños, Pablo González (FPV), Paola Vessvessian (FPV), Roxana Reyes (UCR) y Juan Vázquez votarían a favor del proyecto. Antonio Carambia lo haría en contra si no cambia su postura del 2018.

Eduardo Costa (UCR) y Ana María Ianni (FPV) votaron a favor en 2018, y sólo lo hizo en contra María Belén Tapia (Cambiemos, ex funcionaria del Socialismo que lidera Omar Fernández, ex intendente de Pico Truncado quien públicamente señaló ser Pro Vida en la campaña electoral del 2019).

 

El Proyecto de Ley, que consta de 21 Artículos, permite la Interrupción Voluntaria del Embarazo a “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar y tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14) inclusive, del proceso gestacional”.

Todas las obras sociales y prepagas deberán cubrir el procedimiento junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo”.

La norma señala que “fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones:

a. Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente.

En los casos de niñas menores de trece (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida

b. Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

La norma incluye la objeción de conciencia, punto que fue criticado por el sector pro aborto, porque consideran que al ser un derecho, no debería existir poder de decisión de los profesionales de la salud anegarse a realizar la práctica.

“El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, deberá:

a. Mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión.

b. Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y

oportuna, sin dilaciones.

c. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.

d. Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas.

El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.

No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.

El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones

disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda”.


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