Desdolarizar tarifas

Por qué se espera que en enero no aumente el gas como estaba pautado

La Comisión de Usuarios Residenciales de Gas Natural (Cuenargas) le pedirá al Presidente que anule el aumento en las tarifas que fue congelado por Macri hasta enero de 2020. Osvaldo Bassano de ADDUC, que integra esta comisión, señaló que además pedirán que se modifiquen las leyes de gas y energía.

El Estado está obligado a prestar un servicio público por ser una obligación constitucional.
El Estado está obligado a prestar un servicio público por ser una obligación constitucional.
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La Comisión de Usuarios Residenciales de Gas Natural (Cuenargas) le pedirá al presidente electo, Alberto Fernández, que anule el aumento en las tarifas previsto para enero de 2020.

Así lo informó ayer Página/12, debido a la suba del gas que debería aplicarse en  enero por la suba del dólar y que fue congelada por Maurici Macri –por las elecciones- primero hasta octubre y luego hasta el primer mes del año entrante.

El Dr. Osvaldo Bassano es el presidente de ADDUC, la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores que promovió un amparo en Río Gallegos y que además de integrar Cuenargas, solicitará que no se compense con más de 25 mil millones de pesos a las petroleras.

“La expectativa es que él ya lo manifestó  y volvemos a hacerlo porque tenemos acciones colectivas en casi todo el país”, advirtió. Las normativas que permitieron las subas –reclamó- fueron “un desastre”  ya que “generaron un costo innecesario a los consumidores, tanto en luz como en gas”.

Bassano volvió a remarcar que debido a la dolarización de las tarifas, quieren recordarle al mandatario nacional que prometió desdolarizar las tarifas; y segundo, que el dinero “no se lo entreguen las empresas para que cubran ganancias, porque en tal caso a todos nos gustaría que nos den un mango por la diferencia del dólar”.

Por ello, indicó que éste es el comienzo para generar “otro sistema para que no le salga tan caro al consumidor”.

“Pero también que exista una fuerte investigación, porque estas empresas  generaron estructura de costo que nada tienen que ver con la realidad porque creemos que las tarifas están infladas en mil por ciento”, fustigó.

Bassano remarcó que lo único que pretenden es que “el ciudadano pueda pagar la tarifa”. Recordó que “el sistema fue armado hasta 2001” con el objeto que sea dentro de la convertibilidad, es decir, un dólar igual a un peso. “Por eso cuando rompés esto, cuando en 2015 el actual presidente quita las leyes de emergencia que sostenían este tema, todo se transforma a valor dólar, por eso pagamos un kilo de carne valor dólar y así se puede vivir en Argentina”.

Consideró que las empresas energéticas fueron “las primeras que fugaron los dólares del país” y que “encima no rinden cuenta y deben hacerlo para que las tarifas no sean descomunales como son hoy”.

IDA Y VUELTA

Si las tarifas no aumentan en enero, las empresas distribuidoras podrían acudir a la Justicia. Bassano respondió que también lo hicieron las organizaciones de consumidores de todo el país ya que “hay pendientes investigaciones penales”.

“Están exportando petróleo y gas, y el gas lo cobran 3,50 y al consumidor le cobran 7. Esas maniobras deberán responderlas en la Justicia también. Entonces será un ida y vuelta. O nos ponemos a tono o cada uno deberá rendir cuentas en la Justicia por lo que hizo”.

“No nos olvidemos que las empresas de gas tienen algo que ver con la familia presidencial”, reclamó.

“Vamos a poner los puntos sobre las ies, es decir, todos colaboramos, pero en su medida. Los consumidores, pero también las empresas van a tener que poner”, sostuvo.

En esta línea adelantó que también solicitarán que se modifiquen las leyes de gas y de energía (que provienen de la década del ‘90) mediante un estudio pormenorizado. “Hay un solo razonamiento y es comenzar a vivir la Argentina real, que no es para unos pocos. Todos ven la ecuación financiera de las empresas, pero  y la ecuación financiera del consumir”, se preguntó.

El Estado -recordó- está obligado a prestar un servicio público por ser una obligación constitucional.

Diciembre y enero será una presión por la inflación y la espada de Damocles que es la próxima factura de gas”, sentenció.

En gas ya no hay tarifa social por ejemplo, en eso debemos trabajar”, ejemplificó.

Ayer el ex ministro de Energía Juan José Aranguren negó haber beneficiado a las empresas petroleras cuando el gobierno de Mauricio Macri decidió subir el precio del gas al inicio de su gestión. Lo hizo al prestar declaración indagatoria ante el juez Luis Rodríguez, quien lo investiga por negociaciones incompatibles con la función pública por las acciones que tenía, aun siendo funcionario, en la compañía Shell y por la compra de gas a Chile, entre otros hechos.

“El incremento en el precio del gas no le llega a las compañías pretroleras. Porque el precio que recibieron entre 2016 y 2017, que es lo que aquí se denuncia, era el mismo que provenía de un plan diseñado por la anterior administración -le dijo a los periodistas al terminar su declaración-. El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales provocó una reducción del subsidio de parte del Estado. O sea que en ningún momento las empresas se vieron beneficiadas por el aumento del precio que pagaron los consumidores de gas en sus casas”, indicó Infobae.

LA PLATA NO RESOLVIÓ AÚN

Según lo decidió el Juzgado Federal de Río Gallegos, en donde se presentó originalmente el amparo, la presentación debería resolverse en La Plata. “En La Plata no han resuelto todavía, dicen que no recibieron el expediente”, confirmó Bassano.

Este expediente fue interpuesto por vecinos de la Capital provincial ante el Juzgado Federal de Río Gallegos a inicios de mayo, contra la Resolución 202/2019 de ENARGAS.

 

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