Del Catova a Maxia

Río Gallegos tiene una vasta historia política y social en cuanto al transporte público. Lo que se entiende como un método de transportar a alguien del punto a al punto b ha sido objeto de debate, acuerdos, desacuerdos, logros y lucha. Con la llegada de Maxia a la ciudad hubo idas y vueltas con diferentes gestiones. Y como dato a tener en cuenta en las últimas semanas y tras meses parados por la pandemia, se retomaron dos líneas claves para la ciudad. Pero, es hora de ordenar cronológicamente la situación.

Línea Catova

Todavía son muchos los que recuerdan a la vieja línea Catova en Río Gallegos. La misma estaba dividida en ramales numerales, que recorrían diferentes puntos de la ciudad. Con una capital santacruceña mucho más chica –con barrios que todavía estaban a décadas de empezar a surgir-, era menor la cantidad de coches que viajaban. En tanto, hay que recordar que se trataba de una línea operativa que funcionó durante la década de los 90s, con todo lo que ello significó. El costo del boleto rondaba entre los centavos y pesos, con pocos registros de esa época que hayan sido digitalizados. Como recuerdo de aquellos nostálgicos que memorizan costos de boletos por ejemplo, sigue en la memoria el precio de 0,10 centavos (en el recordado 1 a 1) para los estudiantes.  Fue durante mucho tiempo la línea Catova argumento para el cuestionamiento de empresas de transportes posteriores, con la frase usada hasta el cansancio como el “Que vuelva el Catova”. Durante sus últimos años, posterior al inicio de los 2000, los colectivos de Catova ya empezaban a mostrar un deterioro importante. Si a esto se le suma el pésimo estado de las viejas garitas de colectivos -que eran construidas en material- daba por resultado un transporte que quedó como una mera cuestión nostálgica.

Etapa Taisur

Ya para el año 2003 llegó a Río Gallegos la empresa Taisur. Con un llamado a licitación que desde allí empezaría a quedar vacante (algo que se repetiría a lo largo de los años), finalmente desde la Comuna se tuvo que optar por la contratación directa. Con esta nueva llegada, se dejaba las numeraciones utilizadas por ramales para dar paso a las líneas A, B y C. En primera instancia el contrato fue firmado por diez años y estuvieron en gran parte de la intendencia del fallecido radical Héctor “Pirincho” Roquel. Taisur anteriormente era filial de la empresa TAIKRE, con vehículos de marca Tecnoporte e IVECO, según quedó registrado en imágenes de la década pasada.

Y en esta etapa del transporte hubo grandes reclamos. El boleto escolar gratuito y la inclusión de nuevos ramales fueron grandes cambios.

Finalmente para el año 2015 con el ex intendente Raúl Cantín y a través de un acuerdo entre Provincia y Municipio, en el mes de agosto comenzó a regir el boleto gratuito para estudiantes.

Según el Convenio marco firmado entre el Gobierno provincial y Taisur, desde hoy 1º de agosto (y hasta el 30 de noviembre) se pone en funcionamiento el boleto estudiantil gratuito, el cual fue criticado por varios secundarios y organizaciones que conforman la Coordinadora por el Boleto Estudiantil Gratuito, la que advierte que la medida no es para los 32 mil alumnos de todos los niveles, sino que cuenta con un tope de  40 mil boletos mensuales (4 pasajes para cada alumno y 6 para escuelas técnicas), algo que está aclarado en el convenio firmado entre ambas partes.

Línea 7

Luego que se venciera el contrato entre la Municipalidad con Taisur, el otrora jefe comunal Cantín le otorgó la concesión a la empresa Línea 7. Se trató de una de las prestadoras de servicios que menos duró con ese nombre, ya que luego se re bautizó a Montecristo. Esta empresa le tocó ver la renuncia de Cantín y la asunción de manera interina de Pablo Grasso, quien 4 años después ganaría las elecciones. Y en esta etapa comenzaron a ponerse bajo la lupa en el Concejo Deliberante las firmas de contrato por parte del Municipio.

Etapa Maxia

Durante el mandato del ex intendente Roberto Giubetich la situación del transporte público volvió a estar en tela de juicio. Los constantes reclamos por parte del gremio de choferes (UTA), cambios de recorrido y una situación económica de emergencia, hicieron que se tratara de un servicio irregular.

Ya en el tramo final de la gestión, se conoció el contrato que se firmó a principios de 2019, algo que generó enojo y rechazo por parte del Concejo Deliberante. En aquel entonces se firmó por cinco años y se establecía que el Municipio debía hacer un adelanto de 15 millones de pesos para el funcionamiento. Este contrato quedó de arrastre incluso hasta la llegada de la gestión de Pablo Grasso.

En el punto 13 del contrato, referente al valor del subsidio municipal, se detalló que "a fin de garantizar la normal y regular prestación del servicio y de que la totalidad de la tarifa no recaiga sobre el usuario, la Municipalidad subsidiará la tarifa obligándose a pagar la suma 126.000 pesos por mes y por cada unidad afectada al servicio". (El pago se hará en los primeros cinco días del mes a la prestación del servicio).

En el punto 14 -como lo señaló el borrador- en cuanto al subsidio nacional, que el Gobierno central dejó de abonar en diciembre de 2018, se estableció el pago de 147.000 pesos por mes "y por cada unidad afectada al servicio".

Maxia y Grasso

Desde el inicio de la gestión de Pablo Grasso en la intendencia la situación no estuvo en buenos términos. Entre las idas y vueltas por los contratos, se le sumaron las fuertes protestas de la UTA a la Municipalidad –en el segundo día de gestión tomaron el palacio comunal-, algo que terminó tensando aún más la situación entre las partes. En medio quedaron los usuarios, que quedaron sin transporte público por varios días durante los primeros meses del 2020. En una relación que nació conflictiva, finalmente en el mes de marzo del 2020 Maxia decidió poner fin de manera unilateral al contrato entre las partes.

El juez Bersanelli ordenó el secuestro de los colectivos que eran utilizados por la empresa Maxia. Según pudo conocer TiempoSur, está prácticamente todo acordado y la Comuna recibiría en estos días las llaves para poder retirar los colectivos del galpón de la empresa.

Se ordenó que la Municipalidad se hará cargo de las 12 unidades: 7 dados por Maxia y los 5 restantes en alquiler.  Además, la intención del Municipio es contar con un galpón propio, para allí ubicar los talleres y afinar todo para poner en funcionamiento el servicio en lo inmediato.

Finalmente se logró un acuerdo judicial entre el Municipio de Río Gallegos y la empresa Maxia. El mismo fue firmado por el juez Marcelo Bersanelli, en el marco de un conflicto de larga data. La empresa acordó entregar en comodato 7 unidades por noventa días y cinco colectivos en alquiler, por un valor de $125.000 cada uno.