Buscan garantizar la salud integral  y eliminar la gordofobia 

La iniciativa fue ingresada a la Honorable Cámara de Diputados el 8 de octubre de 2025 y plantea la creación de un marco legal provincial que promueva la atención libre de estigmas, la detección temprana de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y la formación obligatoria del personal de salud con enfoque de derechos.

El proyecto establece que el Ministerio de Salud y Ambiente será la autoridad de aplicación y deberá coordinar la implementación de un modelo integral que abarque la prevención, tratamiento y rehabilitación de los TCA, articulando políticas alimentarias y programas de salud mental comunitaria. Además, prevé la creación del Carnet Digital de Salud Escolar, un documento personal y confidencial que contendrá la información sanitaria y los controles médicos de cada estudiante, interoperable entre escuelas y consultorios médicos.

Entre sus puntos centrales, la propuesta define conceptos clave como diversidad corporal, gordofobia, atención libre de estigmas y efectores de salud, e introduce principios basados en los derechos humanos, la no discriminación, la evidencia científica, la interseccionalidad y la participación comunitaria. También incorpora capacitaciones obligatorias y permanentes para todo el personal sanitario en materia de diversidad corporal, comunicación no estigmatizante y salud mental.

El texto detalla que las instituciones deberán acreditar anualmente que el 100% de su plantel ha completado la formación, y dispone campañas permanentes de promoción y alfabetización alimentaria sin mensajes culpógenos. Asimismo, prohíbe expresamente las prácticas peso-céntricas, es decir, aquellas que reducen la salud de una persona únicamente a su peso o índice de masa corporal (IMC).

En sus fundamentos, García sostuvo que “el estigma por peso deteriora la salud, desalienta la consulta, retrasa diagnósticos, reduce la adherencia terapéutica y vulnera derechos”, y advirtió que en una provincia extensa y de baja densidad poblacional como Santa Cruz, “las barreras de acceso a controles y tratamientos se agravan por las distancias, el clima y la falta de atención continua”.

La legisladora remarcó que el proyecto se alinea con “los enfoques contemporáneos que proponen tratar personas y contextos, no talles”, e indicó que el pesocentrismo —centrar la atención médica en la pérdida de peso como solución general— “puede ser perjudicial y desviar la mirada de factores clínicos, psicosociales y ambientales relevantes”.

La propuesta también aborda de manera específica la atención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, promoviendo su detección temprana, la derivación oportuna y la incorporación de la familia y la comunidad en los tratamientos. “Es menester establecer derechos específicos como el trato digno, la confidencialidad y el consentimiento informado, además de prohibir la humillación, la negativa de atención o el uso del IMC como único criterio”, señaló García.

La iniciativa incorpora, además, una estrategia de promoción provincial junto a municipios y escuelas, orientada a crear entornos protectores con kioscos saludables, pausas activas y campañas contra la violencia estética. También propone articular políticas de seguridad alimentaria para mejorar el acceso a alimentos frescos en zonas de alta dispersión territorial y estacionalidad patagónica.

“La salud no puede reducirse a la balanza —expresó García—. Con estándares claros, participación social y enfoque territorial, la provincia puede reducir barreras, mejorar resultados clínicos y cuidar la dignidad de todas las personas.”

El proyecto se encuentra en análisis legislativo y plantea un cambio cultural profundo en el sistema sanitario de Santa Cruz, orientado a erradicar la gordofobia, garantizar atención libre de estigmas y promover una visión inclusiva y humana de la salud en toda la provincia.