Para la diputada Loreiro “no es prohibir, es poner orden”

La presentación de la “Ley de Protección del Entorno Escolar y del Derecho a la Educación sin Interferencias” encendió la polémica y desató un fuerte rechazo por parte de gremios docentes y sectores vinculados a la defensa de los derechos laborales, quienes son por lo general los que desarrollan sus protestas. De todas maneras, en la actualidad, también es un proyecto que pone en jaque la pronunciación de cientos de alumnos que reclaman en las escuelas por mejoras edilicias. 

La iniciativa, firmada por los diputados del bloque Por Santa Cruz, Fabiola Loreiro, Santiago Aberastain, José Luis Quiroga y Cristian Ojeda, propone limitar las manifestaciones en las cercanías de escuelas públicas y privadas durante el horario escolar. Según fundamenta el escrito, con “la finalidad preservar el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad en un entorno libre de ruidos molestos y perturbaciones externas, especialmente durante el horario escolar”. 

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Si bien el rechazo no se hizo esperar, por estas horas la diputada por Puerto Santa Cruz, Fabiola Lodeiro, salió en defensa de su proyecto, al señalar que la norma “no es prohibir, es poner orden”, y apuntar a los medios por, a su entender, transgiversar la información, y apuntar a que “solo se cae el relato de que queremos prohibir la protesta o criminalizar al que reclama”.

En este sentido remarcó que “este proyecto no prohíbe la protesta, no toca el derecho a reclamar, ni a peticionar, y lo único que hace es poner un límite de 200 metros a manifestaciones ruidosas durante las clases, para proteger el derecho de los chicos a estudiar en paz”, al asegurar que “los bombos, megáfonos y gritos no solo se escuchan: interrumpen, alteran, y muchas veces paralizan el funcionamiento escolar. Eso también es violencia, pero contra la educación”.

Por otro lado, manifestó que “lo que molesta a algunos no es el texto del proyecto, sino que nos animamos a tocar temas que nadie quiere ordenar por miedo a la crítica fácil. Pero acá estamos para representar a la gente, no a los lobbies sindicales ni a la demagogia mediática. El derecho a la protesta existe, pero también existe el derecho a enseñar y aprender sin que una escuela parezca una cancha en plena marcha. Con equilibrio, con firmeza, vamos a poner las cosas en su lugar”. 

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La autoridad de aplicación será el Poder Ejecutivo en articulación con el Ministerio de Seguridad y el Consejo Provincial de Educación, quienes podrán requerir el auxilio de las fuerzas de seguridad para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma. Se prevé, además, un régimen sancionatorio flexible y gradual, apelando primero a la concientización y prevención, sin desestimar la posibilidad de aplicar sanciones más severas ante conductas reincidentes. 

De todas maneras vale la pena aclarar que el proyecto recién ha tomado estado parlamentario, por lo que deberá ahora ser tratado en comisiones, donde según han adelantado desde el bloque de Unión por la Patria, a TiempoSur, no acompañarán la norma y pedirán su pase a archivo.