Ley de Glaciares

Pablo Grasso afirmó que “el agua no se negocia”

El intendente de Río Gallegos , Pablo Grasso , publicó imágenes de las manifestaciones contra posibles modificaciones a la Ley de Glaciares y sostuvo que la defensa del agua es un límite innegociable. La reacción se dio en un contexto de protestas simultáneas en ambas provincias.

  • 10/12/2025 • 10:47

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, expresó su postura frente al debate nacional sobre eventuales cambios en la Ley de Glaciares, que tuvo réplicas de movilización tanto en Santa Cruz como en Mendoza. Las declaraciones se conocieron a través de sus redes sociales, donde difundió imágenes de las protestas y señaló su posición política en defensa de los bienes naturales.

En sus publicaciones, Grasso presentó fotografías de grupos de vecinos y organizaciones sociales que se manifestaron con pancartas y consignas vinculadas al rechazo de cualquier iniciativa que habilite actividades extractivas en zonas protegidas. En ese marco, sumó un mensaje directo que definió el tono de su postura.

 

“En Santa Cruz y Mendoza el agua no se negocia”, escribió Grasso y subrayó.

La consigna retomó un reclamo que en ambas provincias se volvió histórico: la preservación de los glaciares, las nacientes de agua y los sistemas que garantizan el recurso para consumo humano, producción y biodiversidad. En Santa Cruz, la preocupación se vincula especialmente a los impactos potenciales en ambientes periglaciares, mientras que en Mendoza se revive el recuerdo de movilizaciones masivas que frenaron reformas ambientales en años anteriores.

Las imágenes compartidas incluyeron carteles que reclamaron el cumplimiento estricto de la normativa vigente y cuestionaron cualquier intento de flexibilizarla para habilitar proyectos que podrían generar daño ambiental. La presencia de familias, jóvenes y organizaciones territoriales reforzó la lectura política del intendente sobre una defensa transversal del recurso hídrico.

El posicionamiento se produjo en un escenario donde diversos actores sociales y políticos comenzaron a pronunciarse sobre la importancia de mantener la protección legal de los glaciares en el país, en un contexto de discusiones más amplias sobre modelos productivos, minería y sustentabilidad.