Las dos hipótesis que se manejan en el caso del empresario descuartizado en Ingeniero Budge

El abogado de la familia de Fernando Pérez Algaba, el empresario que fue encontrado descuartizado en un arroyo de Ingeniero Budge, dijo que si bien están siguiendo más de 30 líneas de investigación, hay dos que son más fuertes.

 

 

“Una es la pista que tiene que ver con las amenazas, y la otra, con las personas que estuvieron en los últimos momentos de la vida de Fernando. Los testigos van a tener que responder frente a la Justicia”, señaló Javier Baños, en diálogo con medios televisivos. En cuanto a la línea de las amenazas, sería por los audios que se difundieron entre el empresario y el hijo de Gustavo Iglesias, barrabrava de Boca Juniors.
 

Al ser consultado por Nicole Chamorro, la única detenida por el caso, el letrado dijo que no se pudo probar una vinculación directa con el crimen, y comentó: “La imputación de ella tiene que ver más con un eventual encubrimiento que con el homicidio mismo”. Por último, Baños dijo que en el caso aún hay "muchas preguntas sin responder".

 

 

Los investigadores esperan los resultados de las dos muestras levantadas de la camioneta Range Rover Evoque blanca, en la que se movilizaba Pérez Algaba antes de ser asesinado.

 

"Lo último que tenemos es que se juntó con dos exsocios y examigos, y que el teléfono celular registra su último movimiento ahí, alrededor de las 18 horas", detalló un vocero judicial con acceso a la causa.

El 18 de julio, el empresario mantuvo un encuentro con Nahuel Vargas y con Maximiliano Pilepich -un hombre vinculado al rubro de la construcción que le había prestado la camioneta- en un campo de General Rodríguez.

 

Fue precisamente Pilepich, quien el pasado viernes, casi una semana después del hallazgo de los restos de la víctima, entregó esa camioneta a la Policía de la Delegación Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora.

 

 

Fernando Pérez Algaba tenía 41 años y era un empresario que se dedicaba a la compraventa de vehículos de alta gama. Luego del 2020, se había volcado al negocio de las criptomonedas, realizando inversiones y manejos financieros que lo llevaron a contraer deudas. Su desaparición fue denunciada por la dueña del departamento que él le había alquilado en Ituzaingó de manera temporaria, entre el 12 y 19 de julio. Al no tener noticias de su inquilino y no recibir respuesta a sus mensajes, la mujer decidió acudir a la Policía.