Gustavo Basiglio: “La protesta es una medida de última instancia”

Tal como informamos en las últimas horas, la presentación del proyecto de “Ley de Protección del Entorno Escolar y del Derecho a la Educación sin Interferencias” encendió la polémica y desató un fuerte rechazo por parte de gremios docentes y sectores vinculados a la defensa de los derechos laborales. 

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En este caso, TiempoSur dialogó con el secretario general de AMET, Gustavo Basiglio, quien expresó la preocupación generada en la comisión directiva, al señalar que “la legislación puede entrar en conflicto con diversas normas y garantías constitucionales y convencionales, tanto de orden nacional como internacional”, y aseguró que “la prohibición general de manifestaciones y protestas en torno a escuelas (hasta 200 metros) durante todo el horario escolar, podría violar estos derechos al limitar el ejercicio legítimo de la protesta sindical y social, ademas de ir contra la lógica participativa y democrática que impulsa la propia ley de educación”.

Basiglio habló de una cuestión lógica, y es que “las protestas docentes o sindicales en defensa de derechos laborales muchas veces se desarrollan en inmediaciones de las escuelas”, por lo que “penalizar podría interpretarse como una limitación al derecho a huelga y manifestación sindical”. Más allá de esta lectura en particular, hizo hincapié en que “una situación de protesta y manifestación se da cuando hemos realizado y agotado todos los pasos previos, hemos presentado notas, hemos pedido audiencias oficiales y no obtenemos respuestas”.  

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Por otro lado, desde AMET han observado algunos aspectos problemáticos de la ley, al señalar la “ambigüedad y amplitud de conceptos como “interferencia ideológica o política”, que podrían usarse para censurar expresiones legítimas”, pero además hacen foco en la aplicación de fuerzas de seguridad, lo que “podría tener un efecto disuasivo indebido sobre la libertad de expresión”, pero además exponen que “restringir de manera excesiva y generalizada derechos fundamentales como la protesta, la expresión y la participación, y usar conceptos vagos y amplios que permiten una aplicación arbitraria, además de otorgar facultades represivas para evitar manifestaciones que forman parte del debate público y democrático, plantea un grado importante de inconstitucionalidad”.