Caleta Olivia: proponen multas de hasta $1 millón por sobrepoblación de perros

La sobrepoblación canina continúa siendo una problemática crítica en varias localidades santacruceñas. En el caso de Caleta Olivia, el subsecretario de gestión ambiental y zoonosis, David Acosta, advirtió que se trata de un fenómeno multicausal que requiere consensos y políticas a largo plazo. En diálogo con el programa Planeta Tiempo, que se emite por Tiempo FM 97.5, explicó que la propuesta de elevar las multas por mordeduras, si bien necesaria, no alcanza por sí sola para resolver la situación.

“Si vas a un barrio popular, básicamente vas a encontrar esta problemática dentro de las cinco calles más importantes del barrio”, señaló Acosta, y subrayó que se trata de un conflicto con múltiples aristas, tanto culturales como políticas. “Entre ellas una cuestión cultural, entre ellas una disputa también cultural de cómo se debe resolver el problema y después las decisiones que a veces no nos gustan”, remarcó.

Mira Tambien

Control animal en alerta por la creciente cantidad de perros sueltos

Una de las propuestas actuales es elevar las multas por mordeduras de perros, que están siendo analizadas en comisiones del Concejo Deliberante. Acosta sostuvo que esta medida debe enmarcarse en una política más amplia: “Por más de aumentar la multa, si no avanzamos en los cambios culturales, en reducir la tasa de reproducción y en otras aristas que son las que no vienen pasando, tampoco se va a resolver el problema, pero sí es un principio para empezar a trabajar”. Las nuevas sanciones podrían ir “desde los $600.000 a casi $1 millón de pesos”, aunque reconoció que este tipo de decisiones “llevan costos políticos que a no todos le gusta asumir”.

Uno de los puntos centrales es la identificación del responsable cuando se produce una agresión. Según Acosta, “un porcentaje importante que ronda entre un 35% de los casos graves de agresiones directa e indirecta, se produce por animales potencialmente peligrosos”, y en muchos casos los dueños pueden ser reconocidos. Sin embargo, advirtió sobre la dificultad de implementar un censo masivo y planteó que “un censo puerta a puerta no tiene sentido”. En su lugar, propuso trabajar sobre las poblaciones críticas y razas potencialmente peligrosas, e incorporar el chipeo obligatorio. Aún así, lanzó una pregunta clave: “¿Quién pone la plata para el chipeo de ese animal?”.

Otro de los problemas señalados es la falta de articulación con el gobierno provincial. Aunque existe la Ley Nacional de Maltrato Animal, la reglamentación de la tenencia responsable y las contravenciones depende de los municipios. Acosta reveló que han iniciado conversaciones con funcionarios provinciales para avanzar en una ley provincial y en la creación de un organismo que respalde las acciones locales. “La realidad es que es una temática bastante popular, muy compleja y que a veces las visiones individuales de algunos actores no permiten avanzar”, advirtió.

Finalmente, destacó que en 2024 hubo un aumento del 18% en castraciones respecto a 2023, pero reconoció que todavía queda mucho por hacer: “Nos falta un montón”.