La UNPA irá a la Justicia para que revise la condicional de un condenado por pedofilia

Se trata del caso que TiempoSur publicó el 26 de abril, luego de que se generaran los primeros rumores en torno a la situación de RS, condenado a la pena de 9 años de prisión por abuso de menores en un jardín de infantes.

Si bien cursaba un profesorado hace un año y medio, el hecho saltó a la luz cuando una docente se negó a dictarle clases y reclamó que se aplique la ordenanza 128, creada por la propia universidad, para restringir el ingreso de los condenados al campus.

Ayer el Consejo de Unidad de la UNPA UARG resolvió enviar una presentación a la Justicia para solicitar la reconsideración del cursado presencial de RS. La reunión se planteó en base a lo resuelto por el área de Asuntos Jurídicos, que advirtió que la ordenanza es inconstitucional porque no puede prohibir el acceso a la educación de personas privadas de su libertad.

RS tiene permiso de salidas transitorias porque cumplió con la mitad de su condena. En un esquema de progresividad de la pena, y con informes de buena conducta, en 2016 se le permitió inscribirse en la universidad y cursar de manera presencial y sistemática.

Luego de la publicación de TiempoSur, diferentes espacios que conviven en la casa de altos estudios coincidieron en rechazar a RS como alumno y reclamar que el tema sea discutido por el Consejo Superior, bajo la premisa de que se le acerque la posibilidad de estudiar, pero dentro de la cárcel.

Hay que recordar que la Ordenanza en cuestión, fue sancionada el 10 de abril de 2016, luego de que la decana de la sede de San Julián, le prohibiera la inscripción a un condenado por abuso sexual y a otro preso por violencia de género.

En el caso de Río Gallegos, las autoridades sostienen que no hay razones para negarle a RS los estudios, pero en las últimas semanas, la algidez que tomó el asunto, los obligó a tener que analizar mejor las cosas, sobre todo cuando el polémico alumno emprendió contra la UARG alegando discriminación, con presentaciones ante el INADI.

Desde el Frente Multicolor volvieron a repudiar ayer la presencia de RS, y reclamaron  garantías para “estudiantes menores de 18 años, hijxs de estudiantes y trabajadorxs y alumnxs del  Jardín Maternal de la UNPA UARG”.

El espacio político universitario asegura que “algunos de los integrantes de la gestión actual de la UARG propician la violación de los derechos conquistados por parte del colectivo de mujeres en tanto y en cuanto hemos tenido en este mismo Consejo de Unidad manifestaciones de experiencias traumáticas causadas por la violencia que origina la sola presencia de un condenado por delitos sexuales”.

También denuncian que el alumno que cumple una condena realiza “intimaciones a través de notas presentadas, publicaciones en las redes sociales y la presencia de un familiar suyo que amedrenta a diario a lxs integrantes del Centro de Estudiantes”.