Propietarias de edificio alquilado a geriátrico denunciaron irregularidades

La vecina Edhit Vázquez se acercó al diario TiempoSur para formular una denuncia contra sus inquilinos, a los cuales alquiló una propiedad en el mes de diciembre del año pasado con el propósito de convertirse en un geriátrico, que no reuniría las condiciones para estar habilitado.

“Esa casa que nosotros alquilamos para un geriátrico no está en condiciones y veo como una especie de abandono de los abuelos que están ahí porque están maltratados, el edificio no tiene rampas y los ancianos se caen contra baldosas de cerámica, tampoco tiene agarraderas en los baños, no han hecho ningún arreglo como para que el geriátrico esté habilitado como tal”, subrayó.

Seguidamente, explicó que como el edificio de calle Federico Sphur (primera cuadra) había sido alquilado a otra gente y no había quedado en condiciones, “nosotros en la cláusula 4ta y 5ta (del contrato) les pedimos que refaccionen el lugar, que le pongan lo que le falta como colocar calefactores. Hoy los ancianos se quejan del frío porque ellos no pusieron la cantidad que debían”, mencionó.

“No pagan los servicios”-

Más adelante, Edhit Vázquez sostuvo que el edificio tiene 9 habitaciones y tres baños pero que los inquilinos arreglaron solo cinco habitaciones. “Están ocupando la casa, una ocupación con usufructo, no pagan el alquiler, no pagan los servicios”, expresó indignada.

También señaló que el contrato se hizo el 22 de diciembre e hicieron toma de la casa antes de Navidad, cuando corría a partir del 1° de enero. El 8 de enero se habrían peleado las dos socias que firmaron el contrato: “Vamos a la misma escribana que hizo el contrato con una de las socias que se quiso abrir y el contrato se rescindió. Después fuimos a un abogado y este dio un plazo de 10 días para que se retiren; el 18 de enero se tenían que retirar. Desde ese momento están ocupando el lugar, usando todos los servicios y además me amenazan constantemente, tuvimos que ir a la policía porque decían que nos daban un plazo para que nosotras nos retiráramos”, dijo.

También sostuvo que su mamá de 80 y ella de 60, ambas jubiladas, se encuentran en una muy mala situación, ya que “nosotras vivimos de esa renta y no la están pagando, pero además ellos están cobrando porque los hijos de esos ancianos les pagan todos los meses”.

El derrotero-

Vázquez explicó que lo primero que hicieron fue ir a la dirección de Adulto Mayor; éstos enviaron a dos trabajadores sociales. De allí pasaron el informe al Juzgado de Familia del Dr. Antonio Andrade. De ese lugar se envió a una licenciada que hizo una encuesta. “Fuimos a verlo al señor D´Abbraccio de Comercio Municipal pero como hay paro nunca pudieron ir a ver la casa” por lo que “mi denuncia es ésta: ¿Cómo es posible que ni la municipalidad, ni la provincia, ni la policía ni la justicia pueda resolver este tema?”, se preguntó.

“Es más, tuve que ir a declarar a la comisaría porque ellos me denunciaron a mí, porque me intimaron para que me vaya de la propiedad”, describió. Finalmente, manifestó: “No puedo creer que no haya justicia. Nosotras tenemos miedo” al tiempo que manifestó que los hijos de los abuelos deberían advertir esta situación: “el lugar es totalmente ilegal”.  

Miguel D´Abbraccio: esa pensión “estaría totalmente ilegal”

Ayer, ante la situación planteada por la vecina de la propiedad de calle Sphur primera cuadra, TiempoSur llamó al Director de Comercio Municipal Miguel D´Abbraccio para saber si estaba al tanto de esta denuncia.

Al respecto, respondió que tenía efectivamente conocimiento y que esa pensión “estaría totalmente ilegal”.

“En su momento hemos recepcionado la denuncia. Se presenta la hija de la titular, nos acercó documentación fehaciente, confirmamos que era así, y en ese momento se pone en acción el protocolo de intervención temprana. Al respecto, aclaró que en dicho protocolo están involucrados, además de la Dirección de Comercio y Desarrollo Humano de la municipalidad, gente de Acceso de Justicia de la Nación, gente de Políticas Públicas de la Municipalidad, responsables de la Regional Sur de la Policía, concejales, miembros de la Defensoría General de la provincia, el juzgado de Faltas Municipal, la dirección del PAMI, la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

“Como cualquier tema sensible de minoridad o de adulto mayor, por las características de las personas involucradas, esto lleva un proceso y etapas” y aclaró: “Las primeras son administrativas y de investigación y al final las operativas o de acción, como hemos hecho en cada una de las pensiones o geriátricos ilegales, encubiertos, que hemos desbarato”.

Consultado sobre las responsabilidades que le cabe a las dueñas de la propiedad, D’Abbraccio respondió que hasta el momento por la documentación, las pruebas y las propias denuncias de las dueñas, “nos queda claro que acá la única responsabilidad, de ser cierto que está funcionando un establecimiento clandestino, sería de los locatarios”.