Chubut| Asambleas acusan al poder judicial de "No acompañar la defensa del agua"

Documento 

En el documento detallan que : Esta semana el Superior Tribunal de Justicia de Chubut se negó a tratar el recurso presentado por las asambleas nucleadas en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) respecto del trámite de permisos de agua solicitado por Minera Argenta al Instituto Provincial de Aguas (IPA). Minera Argenta es la subsidiaria local de Pan American Silver y concesionaria del Proyecto Navidad en la meseta central norte.

En dicho trámite solicitaba permiso de uso de aguas para un campamento a establecer en la zona del proyecto mencionado. Dicho trámite fue cuestionado en su legalidad por las asambleas. El tribunal recomendó a las asambleas continuar con la vía administrativa, en la cual vecines, comunidades, asambleas y organizaciones de productores han presentado cientos de oposiciones al permiso solicitado por la minera; a la vez, encomendó volver a realizar la presentación una vez otorgado el permiso.

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En paralelo, el mismo tribunal recibió el expediente de la medida autosatisfactiva solicitada por las asambleas ante el juzgado federal de Esquel el pasado 24 de noviembre con el objeto de declarar la nulidad de la incorporación del proyecto de Ley N° 128/20 al orden del día de la sesión legislativa de esa misma fecha. Dicho proyecto (conocido en  estos días como “proyecto de zonificación minera”), según se argumenta en el escrito presentado, es producto de “estafa electoral” y generado en un marco de “clandestinidad”, lo que deriva en que su presentación esté viciada de  inconstitucionalidad.

Agrega que a   pesar de ser la medida autosatisfactiva una petición de carácter urgente, el pedido fue demorado en primera instancia, al declararse doblemente incompetente la jueza federal local, por tratarse de un caso de gravedad inconstitucional que es competencia originaria del máximo tribunal, y a la vez porque si así no lo fuera la competencia sería del juzgado de primera instancia de Rawson, puesto que las sesiones legislativas acontecen normalmente en la capital provincial (más allá de la actual vigencia de las sesiones virtuales).

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Mientras el procurador general Jorge Miquelarena define la competencia del Superior Tribunal, han pasado más de veinte días de presentado  el pedido urgente y el proyecto denunciado por clandestino e inconstitucional sigue vigente en sede legislativa.

Al mismo tiempo, se siguen acumulando pruebas en la denuncia penal realizada por las asambleas de comunidades de Chubut contra el Gobernador Mariano Arcioni, ministros firmantes del mencionado proyecto de ley y sus asesores, por  FALSEDAD DOCUMENTAL, en relación con la falsificación de un informe del CONICET del Investigador Guillermo Velázquez citado como fuente en las referencias bibliográficas de los anexos del proyecto. Dicha falsificación fue advertida y rechazada públicamente por el propio investigador, que responsabilizó a la máxima  autoridad del ejecutivo provincial.

Este viernes 18 de diciembre, vecines de Esquel están citades a la sede judicial para  seguir ampliando su denuncia al respecto. 

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En la misma fecha se realizará una audiencia preliminar para definir la apertura de juicio contra dos compañeros asambleístas víctimas de la represión del pasado 6 de diciembre de 2019 en la Legislatura provincial, así como los pedidos de sobreseimiento elevados por la fiscalía respecto de otros cuatro detenides. Mientras la denuncia realizada por los asambleístas contra efectivos de la Policía de la Provincia del Chubut por vejaciones y torturas duerme en los archivos del poder judicial, el Estado avanza en la criminalización de la lucha por el agua con las recientes detenciones de compañeres en la ruta 7 y los allanamientos a vecines y familiares de asambleístas. 

Respecto de los casos de denuncias públicas y judiciales por coimas en la legislatura, la investigación recayó en manos del cuestionado fiscal Rivarola, el mismo que fue procesado por espionaje contra vecines asambleístas de Esquel en 2015. El fiscal Rivarola también tiene a cargo la instrucción de la denuncia penal efectuada contra el Gobernador y sus ministrxs por falsedad documental en relación con el informe del CONICET falsificado. Y es también el fiscal  Rivarola el que está llevando adelante la acusación contra les compañeres detenides y torturades la madrugada del 6 de diciembre de 2019. 

En esta última causa, además, Rivarola presenta como pruebas declaraciones de los diputados a  quienes dice estar investigando ahora por sobornos en relación con la zonificación minera. 

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Las asambleas chubutenses rechazamos la participación de Rivarola en cualquier causa que toque nuestros intereses, viéndonos en la obligación de recordarle a los jueces y a la población en general que el propio Rivarola recurrió a prácticas prohibidas por nuestra Constitución y por las leyes vigentes en la materia al aceptar en la etapa de instrucción de causas a su cargo en el juzgado federal de Esquel material producido por agentes encubiertos de la inteligencia federal en contra de miembros  de la Asamblea de Vecines Autoconvocades por el No a la Mina de Esquel y de comunidades mapuche en resistencia. 

Pregunta ,"¿Cómo puede el mismo fiscal que nos criminaliza con prácticas ilegales de espionaje condenadas por el propio Poder 
Judicial ser quien se encargue de investigar a los corruptos que denunciamos?

Ante este panorama judicial las asambleas nucleadas en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) 
exigimos se respeten nuestros derechos constitucionales y las garantías vigentes. Demandamos al Poder Judicial el 
urgente tratamiento de las causas resumidas en esta gacetilla y denunciamos las dilaciones en el procesamiento de las denuncias y peticiones presentadas como reverso de los avances en la judicialización de las luchas por el territorio.