Nueve meses del asentamiento: “Desde el municipio hicimos lo posible”

El 13 de abril un grupo de personas decidió tomar un predio en el barrio Los Lolos, desencadenando un nuevo asentamiento en Río Gallegos. A nueve meses de lo sucedido, aún se espera por parte de la Justicia una resolución a la apelación de los usurpadores, ya que en su momento se terminó de designar que las tierras pertenecen al municipio.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Néstor Martínez, no se mostró optimista con los resultados de la Justicia y mucho menos con una posible resolución y restitución de los terrenos. Con el correr del tiempo las familias terminaron afianzándose en la zona y muchos consideraron este asentamiento como algo ya formado, sin posibilidades, incluso, de un desalojo.

Pedían desalojo
Durante los nueve meses muchas fueron las voces que opinaron y todas estuvieron de acuerdo en que tales terrenos no podían ser ocupados. La Justicia recibió una demanda por parte del municipio para que se ordene un inmediato desalojo. Mientras el proceso legal se llevaba a cabo, se ordenó disponer de una guardia policial para proteger el sector, algo que también desapareció con el tiempo. El objetivo era evitar la entrada de personas y materiales de construcción, algo que falló: más gente entró y más casas de material ligero se construyeron.

“Todo igual”
En este marco TiempoSur entrevistó ayer a Néstor Martínez, secretario de Obras Públicas, de quien depende el área de Tierras y Catastro. Este medio intentó comunicarse con Martín Medvedoff, asesor letrado de la Municipalidad y quien comenzó a realizar los trámites legales, pero no hubo respuesta.
Martínez indicó a este medio que “sigue todo igual. Pasaron nueve meses y lo está siguiendo Asesoría Legal. No hay novedades; está en manos de la Justicia. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, la denuncia en lo Civil y en lo Penal”.
Una vez que se tomó conocimiento por parte de la Municipalidad, de manera inmediata se llevó a cabo la denuncia. Incluso se envió personal con el objetivo de realizar un relevamiento de la cantidad de personas y familias, preocupando la presencia de menores. “Hicimos todo lo que teníamos que hacer y estamos tranquilos, pero la situación quedó ahí”, sostuvo el entrevistado.

Sin resolución
Con el correr de los meses el propio municipio terminó de “aceptar” la situación como un hecho consumado, viendo incluso la posibilidad del desalojo como algo cada vez más lejano. Con la feria judicial a principios de 2013, el tema se complica aún más. “El tiempo juega a favor de ellos. Hay que cambiar algo; es tremendo lo que sucede con las usurpaciones. No podemos hacer nada, a medida que pasan los meses se favorecen ellos, vamos a entrar a la feria judicial y hasta febrero no va a pasar nada.
Es un hecho consumado; si nos dictan un desalojo hay que ver como hace el municipio con la gente”, finalizó.

Crecimiento
Durante los últimos meses y debido a una zona más liberada del cercado policial, las familias tuvieron mayores comodidades para construir y ampliar sus viviendas. La cantidad de gente que ingresó a la zona también aumentó, sumado al hecho que muchos de ellos cuentan con servicios, como la luz. Servicios Públicos en su momento confirmó incluso que se habían enganchado de manera ilegal. De momento se esperará que se tome una resolución definitiva, aunque también se deberá ver como resolver la situación habitacional de las familias que decidieron usurpar un terreno.