En representación de 90 mujeres, ayer por la mañana el grupo “Las Juanas” acudió al Juzgado Federal con el fin de presentar un “Habeas Corpus” preventivo y colectivo para que el Poder Judicial declare inconstitucional la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo (se pena con 1 a 4 años de cárcel o más, de acuerdo al caso); además de que el órgano judicial inste al Congreso a que discuta una ley que despenalice el aborto en Argentina.  La medida -que  fue paralelamente efectuada en por lo menos 14 provincias del país por iniciativa del Colectivo de Mujeres Juana Azurduy, y en el  marco del Día Internacional por la Legalización del Aborto- finalmente se convirtió en un  recurso de amparo, figura judicial que sí fue aceptada por la jueza Federal, Ana Cecilia Alvarez.  Más firmas Por la noche, en una confitería céntrica de Río Gallegos el grupo efectuó una conferencia de prensa con la participación de mujeres de diversos ámbitos que apoyan la medida, y en la cual argumentaron esta polémica iniciativa.  “Recién comenzamos y era un tema álgido para un grupo que recién comenzó y de a poquito empezamos porque no sabíamos  cómo la gente iba tomar esto de despenalizar el aborto”, indicó  Sandra Guiguet, integrante de “Las Juanas”.  Contó que a pesar de esto las personas se “soltaron” y apoyaron esta polémica iniciativa que se plasmó en un proyecto que se encuentra en el Congreso de la Nación y que tiene la anuencia de 50 diputados.  “Obtuvimos tres veces más de firmas (acompañó la medida judicial) que creíamos que íbamos a poder juntar”, precisó Guiguet. Cuestión de derechos Asimismo, Romina Beherens leyó el primer artículo del proyecto de ley que piden sea sancionado. “Toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción involuntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”, destacó.    Agregó que en su artículo 3 destaco que esta interrupción se efectuara en casos de violación, cuando esté en riesgo la salud de la vida de la mujer o malformaciones fetales graves”. En sus fundamentos indicó: “El derecho a decidir no solo se circunscribe a los derechos de la interrupción de un embarazo sino que también incluye la posibilidad de decidir la maternidad. Es  reconocer a las mujeres como sujetos sociales, como ciudadanos, y agentes morales capaces de decidir si desean o no ser madres. El número de hijos y el espacio entre los nacimientos”, marcó.   Beherens recordó que se puede adherir firmando este proyecto para que se discuta en el Congreso.  Más pobres Advirtieron que no “toman de manera relajada” la realización del aborto sino que la inseguridad y clandestinidad pone en riesgo la libertad,  salud y la vida de las mujeres. Comentó que hablar de derechos es igualar entre quienes cuentan con el dinero para efectuarlo en una clínica privada, que tiene garantizadas las condiciones de salubridad, y entre quienes mueren en el intento, por lo que todas abortan en la clandestinidad, pero quienes mueren son las mujeres “más pobres”. “La penalización es irrisoria porque las mujeres no somos criminales y tampoco por la pena se diminuye la cantidad de abortos. Por eso decimos que nunca mas queremos tener una mujer muerta víctima de un aborto clandestino”, afirmaron. Finalmente mencionaron que debe existir un acompañamiento psicológico y emocional para las mujeres “porque no creemos que una mujer vaya a esa circunstancia de manera alegre, ni mucho menos salir después de allí entera. Sería bueno contemplar esto”, culminó otra integrante del grupo.  La conferencia tuvo una duración de 60 minutos. En este lapso se realizaron, según datos estadísticos del Ministerio de Salud de la nación, 60 abortos.
