Guerra relató cómo fue el episodio que vivió con los hermanos Ivovich

En principio, Guerra explicó por qué concurrieron hasta los galpones del hermano de Ivovich para diligenciar un oficio relacionado a un amparo que hizo por derecho propio y patrocinando a un grupo de jubilados, bajo la premisa de lograr el pago de sus haberes.

Tal como lo diera a conocer ayer TiempoSur, el amparo tramita en el Juzgado de Familia que conduce Antonio Andrade, quien ordenó una medida cautelar que fue notificada por cédula en la vivienda de Ariel Ivovich. Paralelamente y sobre la presentación del amparo, el funcionario debía ser notificado mediante oficio, que corre por cuenta de Guerra y su colega, Marta Dávila, que representa a otro grupo.

Esto es así “porque la Ley de Amparo establece que cuando una persona se presenta con una acción, el juez está obligado a librar un oficio dirigido al titular del organismo (CPS) para que tome conocimiento de la demanda, que se acompaña en copia con la documentación y en ese oficio, se le da un plazo de 48 horas para que el organismo brinde la versión de los hechos”.

Diligenciar ese oficio “queda a cargo del interesado” y por eso, en horas de la mañana, Dávila concurrió a entregarlo por mesa de entrada de la Fiscalía de Estado, a donde también debía ir una copia, cosa que no pudo suceder en la CPS, debido a que el personal no está concurriendo por impedimento de los manifestantes de “Jubilados Unidos”.

Guerra contó que fue Dávila quien le sugirió notificar a Ivovich en la dirección de calle Parque Industrial. “Llegamos al lugar, estaba la reja abierta, ingresamos… La Dra. Dávila se asomó y vio al Sr. Ivovich dialogando con otra persona. Le preguntó si podíamos hablar con él, él dijo que sí, ella se presentó y le dio la mano y después me presenté yo”.

Tras explicarle el motivo de su visita y advertirle que en los próximos días llegarán más oficios porque hay alrededor de 70 amparistas tramitando el cobro de sus haberes por vía judicial, las mujeres le pidieron al titular de la CPS el número de la abogada de la entidad, para futuras notificaciones.

Guerra contó que entonces Ivovich les da el contacto de la Dra. Mariana Isak, pero que cuando quisieron entregarle el oficio Ivovich “se puso más distante y nos dijo que no iba a recibir nada”, entonces “le dije que era un oficio judicial y él un empleado público, por lo tanto tenía obligación de recibirlo”.

Ante la negativa de Ivovich, Guerra sacó su celular para filmar “y documentar que él estaba incumpliendo una función a su cargo y demostrárselo al juez”.

Sin embargo “cuando saqué mi celular, el Sr. Ivovich cambió totalmente la actitud, ahí me dijo ‘yo no te voy a pagar a vos porque vos ganás 200 lucas, sos una atorranta de mierda, andá a comer polenta a la carpa, a cocinar de la olla’”. Tras la frase, Dávila propone que se fueran y cuando lo estaban haciendo “me saca el teléfono y yo le dije que me lo diera. Me dice que si lo quería, tenía que borrar lo que habría grabado, y yo le dije que no iba a aceptar ningún tipo de órdenes”.

Fue entonces cuando “el Sr. Ivovich se paró, me levantó desde atrás, me levantó por el aire, me tiró, cayendo al lado de la puerta. Ahí Marta (Dávila) se asustó y le dijo que cómo hacía eso. Yo me incorporé y le dije al hermano que quería mi celular, y ahí es que me pegó un empujón y fui a parar afuera del local, y mientras estaba tirada sobre las piedras,  Ariel Ivovich me agarró de la campera y me arrastró de vuelta hacia adentro”.

Es en ese momento donde comienza la participación de la jubilada Patricia Ávila, quien dijo haber visto cómo arrastraban a Guerra en el patio. Había una señora con mameluco que entró y le dijo al Sr Ivovich ‘¿cómo le vas a pegar?, son mujeres, voy a llamar a la policía’”.

Pero tras eso “el hermano de Ivovich agarró a esta señora del cuello con toda su mano, la llevó hacia atrás, le sacó el teléfono celular, la mujer se cayó al suelo y teniéndola en el sueldo agarrada del cuello, con el puño cerrado, quería pegarle una piña en la cara… Yo me levanté como pude, con otra jubilada que había entrado, mientras la Dra. Dávila trataba de contener a Ivovich que en ningún momento hizo nada por parar a su hermano,  y entre la otra señora y yo le agarramos la mano y le dijimos ‘por favor, es una mujer ¿cómo le vas a pegar una piña?’”.

En su relato, Guerra contó que luego de soltar a la jubilada, el hermano de Ivovich “agarró un palo de un escobillón y nos gritó: ‘putas de mierda, atorrantas de mierda, las voy a recargar a palos a todas, váyanse de acá’”.

Luego de aquello, surge la escena que se viralizó y en la que se ve a Guerra reclamando su teléfono y a Ivovich llamando a la policía diciendo que “entraron los jubilados e hicieron un desastre acá”. Con la llegada de los uniformados, un oficial recupera el celular de Guerra, que se encontraba en manos del hermano del funcionario, aunque la tarjeta de memoria nunca se recuperó.

Según consta en la denuncia, fue justamente por la desaparición de la tarjeta que contenía la información del celular de Guerra, que la jueza Marcela Quintana ordenó allanar el galón durante la noche del martes, previo a la detención de los hermanos Ivovich.

La ex Jueza de Familia no tiene dudas de que jugó la cuestión de género, e indicó que las pruebas son “las lesiones, personas que vieron cuando yo caí al suelo y el Sr. Ivovich me arrastraba adentro, de la campera, está la Dra. Dávila que es una testigo de lo que ocurrió ahí adentro. Está mi testimonio, el de las demás agredidas y golpeadas. Preguntar qué pruebas hay es como preguntarle a cualquier víctima de violencia ¿por qué te pegaron? ¿Qué hiciste para que te pegaran?”.

Al escándalo en torno a los hechos, se sumó el condimento político, no solo en función del conflicto entre jubilados unidos y el Gobierno, sino también el hecho de que Guerra sea esposa de Javier Pérez Gallart, presidente de Encuentro Ciudadano. Sin embargo, Guerra dejó en claro que “esto no tiene nada que ver con la politización, yo soy abogada, estoy ejerciendo un derecho propio, de cobrar mi haber jubilatorio, del que todavía sigo aportando y respecto del cual me descuentan cerca de 18 mil pesos porque yo pago un aporte solidario”.

Al margen “esta degradación de decirnos ‘putas de mierda, atorrantas de mierda, andá a cocinar’, esto hecho por un funcionario, tiene un agravante que por suerte, la presidencia del Dr. Néstor Kirchner se ocupó de sancionar con la promulgación de la Ley de violencia de género en cualquier ámbito”, concluyó.