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Judiciales quiere pedir juicio político contra la jueza Quintana

La magistrada esta denunciada por “no investigar” presunta malversación en la CSS. La causa prescribe en septiembre. Los estrados de Quintana tienen denuncias rimbombantes contra el ex intendente Cantín, el caso Chocobar, Avenida San Martin, los pagos al CPE, presunto fraude en FinEs, entre otros.

  • 23/02/2016 • 07:00
Marcela del Valle Quintana, titular del Juzgado de Instrucción Nº 1
Marcela del Valle Quintana, titular del Juzgado de Instrucción Nº 1

“Estamos definiendo en asambleas de base el pedido de juicio político para la jueza Quintana (Marcela) que no ha tenido cumplimiento en una causa que denunciamos hace cuatro años y hay peligro de prescripción” dijo ayer el referente del gremio de Judiciales, Juan José Ortega. La magistrada está a cargo de una causa por presunta malversación de fondos públicos en la Caja de Servicios Sociales, que lleva ya cuatro años sin avances.

De un tiempo a esta parte los estrados de Quintana están en el foco de la atención, debido a que las causas que allí tramitan guardan relación con casos de gran impacto público, como son la denuncia contra el ex intendente Raúl Cantín por cargos de corrupción, la megacausa por abigeato que involucra a empresarios de la zona, la causa por irregularidades en la contratación de la obra de la Avenida San Martin, la que investiga el cruento asesinato de la joven trans, Marcela Chocobar, los ingresos pagos al CPE y la presunta estafa del plan FinEs en AMSA, además de otras que ya son cosa juzgada como el fallecimiento de la pequeña Abigail Tortello.

Hasta el año pasado, el gremio de Judiciales insistió con que la causa por presunta malversación de fondos públicos en la obra social de estatales tuviera algún grado de avance, sin embargo, ahora van por más.

En septiembre de 2012, ex funcionarios de la cartera económica y el ex interventor de la obra social, fueron acusados de presunta comisión de delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, administración fraudulenta, fraude en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos ante el titular de la Fiscalía Nº 1, Sergio Paso y Prada.

La denuncia había sido presentada por referentes del gremio de Judiciales pero durante este tiempo, la jueza no autorizó que oficien de querellantes, entendiendo que no eran damnificados directos del presunto delito, razón por la cual estos pidieron al Poder Judicial que se actué de oficio, cosa que jamás ocurrió y tiempo después, el gremio denunció a la magistrada por incumplimiento de sus deberes.

“La Fiscalía tendrá que ver si lo que ella hizo constituye un delito penal o no y, en todo caso, se le haría una especie de sumario administrativo por mal desempeño si lo hubiera” habían dicho desde el gremio frente a la denuncia por presunta “inacción” de la magistrada.

Aquí se planteó otro inconveniente, ya que como informáramos tiempo atrás, el fiscal Paso y Prada está hace dos años con carpeta médica, la que presentó justo luego de que el Tribunal Superior de Justicia estimara avanzar con un juicio para destituirlo por mal desempeño.

En septiembre próximo, la denuncia caerá en caso roto si acaso hasta entonces no se da origen a las diligencias en rigor. “Vemos una intencionalidad de que la causa prescriba” dijo Ortega, que se quejó de que en estos años, Quintana “no ha llamado a ningún testigo, ni a los auditores de la Caja, no ha imputado a nadie, está muy claro que debió hacerlo”.

Vale recordar que, en realidad, la denuncia del gremio se hace en base al escáldalo que destapó Liliana Korenfeld cuando asume la intervención de la CSS, y ordena un arqueo integral de fondo y valores de la obra social, del que surgen una serie de irregularidades que provocan su salida.

Korenfeld nunca fue a la Justicia con lo que dijo haber observado, pero sí el Tribunal de Cuentas ejecutó una auditoría en la que se confirman las anomalías.

Entre otras cosas, el TC detectó que faltaban 3 millones de pesos de la cuenta corriente nº 722.847 que debieron haber sido girados a la AFIP-DGI y se encontraron con irregularidades en los procedimientos de contratación de publicidad oficial por 214.530 pesos.

Asimismo, se observó el procedimiento de “contratación del asado de fin de año 2011 que demandó un gasto de 28 mil pesos de lo cual se rindieron 26,418 pesos, no habiéndose producido cotejo ni compulsa de precios”.

“Yo hago responsable hoy a la justicia, el delincuente es delincuente y hasta ahí llegó. Después es la justicia la responsable pero definitivamente no hay voluntad y hay contaminación política” acusó Ortega.