Vidal dijo que los aumentos en el TSJ son un "acto de burla"

El gobernador de Claudio Vidal cuestionó públicamente la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de fijar incrementos salariales para jueces y magistrados, y calificó la medida como una “burla” y una “falta de respeto” hacia la sociedad santacruceña. El pronunciamiento fue realizado a través de su cuenta oficial en la red social X, en el marco de la polémica generada por los aumentos acumulados que rondan el 50% y excluyen a los empleados judiciales.

En su mensaje, el mandatario provincial apuntó directamente contra los niveles salariales que alcanzaría la cúpula judicial tras la aplicación del esquema aprobado y sostuvo que “$24.000.000. Eso es lo que se autoaumentan en el Tribunal Superior de Justicia”, en referencia a los haberes que percibirían los magistrados con la nueva pauta.

$24.000.000
Eso es lo que se autoaumentan en el Tribunal Superior de Justicia.
Un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz.
30 años cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios.
Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del…

— ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) January 13, 2026

En ese mismo texto, Vidal cuestionó el impacto institucional y social de la decisión al afirmar que se trató de “un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz”, al tiempo que vinculó el incremento con prácticas del pasado y con un sistema de privilegios dentro del Estado.

El gobernador profundizó sus críticas al señalar que “30 años cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios”, y agregó que, a su entender, la medida no se encuadró dentro de los principios de justicia, al sostener que “eso no es justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”.

Las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo provincial se produjeron luego de que el TSJ oficializara un esquema de subas mensuales para 2026, con incrementos del 4% entre enero y julio y del 3% entre agosto y octubre, aplicados a jueces, magistrados y vocales, sin incluir al resto del personal judicial, lo que generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y gremiales.