Vidal acusó a Cristina de operar un “golpe judicial” tras el fallo de Bersanelli

La suspensión del tratamiento de las ternas para el Tribunal Superior de Justicia dictada por el juez Marcelo Bersanelli, a partir de una cautelar impulsada por la AGEJ, reconfiguró la disputa institucional en Santa Cruz. El planteo gremial apuntó contra la Ley 3949, que amplió de cinco a nueve vocalías, mientras el Poder Ejecutivo defendió la reforma como una mejora del servicio judicial. En ese marco, el gobernador Claudio Vidal responsabilizó a Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner por una maniobra política y cuestionó la división de poderes. El escenario quedó abierto con una suspensión por “diez días o hasta resolución” sobre la medida solicitada.

Tras conocerse el fallo, el gobernador Claudio Vidal atribuyó la maniobra a la conducción del kirchnerismo. Con ese encuadre político, expresó: “Violación de la división de poderes en provincia de Santa Cruz.
Los Kirchner, madre e hijo, han operado un golpe judicial en Santa Cruz. A través de sus operadores judiciales Fernando Basanta y Marcelo Bersanelli, ejecutaron un golpe judicial que viola la división de poderes en Santa Cruz.” denunció.

En su mensaje, el mandatario provincial enmarcó la medida como un obstáculo a la aplicación de una norma sancionada por la Legislatura. En ese sentido, señaló: “La justicia cooptada viola la Constitución e impide una vez más la aplicación de una ley votada por el poder legislativo durante esta gestión de gobierno.” cuestionó.

Finalmente, el gobernador elevó el tono con interrogantes sobre los límites de la injerencia política en la provincia. En su cierre, remarcó: “¿Cuál es el límite CFK? ¿Cuál es el límite Máximo? ¿Son capaces de hacer llegar a Santa Cruz a la intervención federal?” preguntó.

El juez Marcelo Bersanelli dictó una medida interina que ordenó a la Cámara de Diputados abstenerse de avanzar con las designaciones de nuevos vocales en el Tribunal Superior de Justicia, en respuesta a la acción cautelar presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ). La resolución se fundó en “circunstancias graves e impostergables” y fijó un plazo de suspensión de “diez días o hasta el dictado de una resolución” sobre la cautelar, lo que ocurrió primero, y detuvo un trámite legislativo que se encontraba inminente en la agenda provincial.

Qué resolvió Bersanelli
La resolución judicial suspendió el tratamiento de las ternas remitidas por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados con el objetivo de cubrir nuevas vocalías en el Tribunal Superior de Justicia. El juez invocó la urgencia del caso y preservó el statu quo hasta que se resolvió la medida cautelar pedida por la parte actora, introduciendo un freno procesal que impactó de manera directa en el calendario político-institucional.

El planteo del gremio judicial
La AGEJ cuestionó la Ley 3949 por considerarla “irrazonable e incompatible con el sistema republicano”. El sindicato sostuvo que la reforma careció de fundamentos técnicos y colocó en riesgo la independencia judicial, por lo que impulsó la cautelar que derivó en la suspensión del trámite legislativo en curso.

La reforma cuestionada: Ley 3949
La Ley 3949, aprobada por la Legislatura en agosto, amplió de cinco a nueve las vocalías del Tribunal Superior de Justicia. Según el oficialismo, la modificación respondió al incremento sostenido de causas y a la necesidad de modernizar el funcionamiento del sistema. Para el gremio, en cambio, se trató de una reforma de carácter político sin sustento técnico suficiente.

Contexto político del Ejecutivo
Desde el Poder Ejecutivo se defendió la ampliación como una vía para “mejorar el servicio de justicia” y atender un reclamo social por rapidez y modernización. La suspensión preventiva cambió los tiempos del proceso y alimentó el cruce entre los poderes, con impacto directo en la discusión pública provincial.