UxP pidió dejar sin efecto la designación de Piero Boffi

A través de una nota enviada a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Alicia de los Ángeles Mercau, el bloque de Unión por la Patria solicitó que se devuelva a la Legislatura la designación del diputado Mario Piero Boffi como integrante del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, en representación del Poder Legislativo.

“Motiva nuestro pedido la violación al artículo 129 de la Constitución Provincial”, se ampararon los legisladores.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la falta de apego a las normas y la Constitución, puesta de manifesto por las autoridades de esta Cámara. Resultando muy claro que existe una intencionalidad de la Presidencia de esta Legislatura y los diputados oficialistas, con una dudosa y doble moral. Una es la que vemos diariamente en redes sociales y medios, donde se muestran como paladines de la defensa de la moral y la otra es de los hechos concretos, que violan normas”, apuntaron en la misiva.

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“Pisotean nuestra Constitución Provincial, intentando integral el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y funcionarios con una designación inconstitucional. Entendemos que el TSJ, como última garantía del respeto por las Leyes y la Constitución, solicitamos no hacer lugar a esta flagrante violación constitucional”, señalaron.

“Celebramos la valentía de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, como así también del gremio de trabajadores judiciales en hacer pública su postura, asimismo, la honradez ética y moral del diputado Pedro Muñoz”, continuaron.

La nota hace referencia al artículo 129 de la Carta Magna sanracruceña, que expresa: “Los magistrados de los tribunales inferiores y funcionarios de los ministerios públicos, podrán ser acusados por cualquier habitante ante un Tribunal de Enjuiciamiento formado por un miembro del Tribunal Superior, un Diputado Letrado, si lo hubiere, y un letrado del Foro Provincial elegido por sorteo efectuado por el Tribunal Superior. Si no hubiere Diputado Letrado será reemplazado por otro miembro del Tribunal Superior. El acusado continuará en el ejercicio de sus funciones si el Tribunal no resolviera lo contrario. El fallo deberá expedirse dentro de los sesenta días a contar desde la admisión de la demanda. El Tribunal se pronunciará siempre en pleno y por mayoría absoluta de sus miembros”.