Uno de los abogados que defiende a la Argentina en el juicio por YPF cobra 1.800 dólares

Mientras el gobierno argentino prepara la apelación formal del fallo que obliga a la Argentina a entregarle el 51% de las acciones de YPF a dos fondos buitres que litigaron contra el país por la expropiación de la petrolera en el 2012, trascendieron algunos detalles sobre los estrategas legales del país que litigan ante los tribunales en Nueva York.

Esos fondos son Burford Capital y Eton Park, y el fallo dispóne que la Argentina deberá pagar USD 16.100 millones, más intereses que rondan los USD 2,5 millones diarios. Los intereses ya habrían acumulado más de USD 1.500 millones.

Mira Tambien

El Gobierno le pidió a la Justicia de Estados Unidos que suspenda el fallo y prepara la apelación

Según informaron Bloomberg y The Wall Street Journal, uno de los abogados del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el encargado principal de la estrategia legal argentina en este litigio sin precedentes, por la magnitud de los montos involucrados y el hecho de que haya un país soberano de por medio. 

Se trata de Robert Joseph Giuffra Jr., y es el co-titular del estudio Sullivan & Cromwell, que cobraría unos 1.800 dólares por cada hora que dedica a este caso de altísimo impacto. Giuffra Jr. y su equipo también fueron contratados por Trump para apelar su condena penal por ocultar un pago de US$ 130.000 a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels.

Ahora, en el litigio contra el Estado argentino, la relación con Giuffra la llevan los equipos de la Procuración del Tesoro de la Nación, la dependencia oficial encargada de defender los intereses judiciales del país.

Mira Tambien

Javier Milei encabeza la Cumbre del Mercosur

Información que circula entre los bufetes de Nueva York describen a Giuffra Jr. como un profesional de alto perfil que dice ser cercano a la jueza Loretta Preska, que sucedió a Thomas Griesa en el Distrito Sur neoyorquino, y ahora dictó el fallo de gran impacto sobre la expropiación de YPF. 

Fue en ese juzgado donde se tomaron todos los casos de las últimas dos décadas vinculados con los sucesivos defaults de la deuda desde 2001 y las expropiaciones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.