Reyes le pidió informes a Rosatti

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) pidió al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que informe sobre el posible robo de declaraciones juradas de magistrados.

Reyes, en su calidad de integrante consejera,  señaló que la solicitud se debe al hecho que se hizo público en los medios de comunicación sobre el robo de documentación sensible vinculada al Poder Judicial.

“En las últimas horas se hizo público en diversos medios de comunicación que el día 21 de junio se habría constatado una irrupción no autorizada en la oficina en la que se encuentran a resguardo las declaraciones juradas que presentan los magistrados en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Ética Pública”, señaló la legisladora y agregó: “Es decir que se habría cometido un ilícito a fin de acceder a información sensible de los miembros del Poder Judicial de la Nación”.

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Según se conoció, las oficinas del Consejo de la Magistratura registraron un extraño hecho que encendió las alarmas y generó la apertura de una investigación en Comodoro Py. Sucede que tras el fin de semana largo de finales de junio, una empleada advirtió que la puerta estaba abierta en el sector en el que se guardan en custodia las declaraciones juradas de todos los jueces nacionales y federales y de otros funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

Tres nombres se destacan entre la lista preliminar de datos infiltrados. Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini integran el Tribunal Oral Federal 2.  

La lista incluye también al juez federal Ariel Lijo y a los camaristas de la Casación Penal Gustavo Hornos y Guillermo Giacobucci.

En la parte secreta de las declaraciones juradas están los datos de los cónyuges de los y las jueces y juezas, de los consejeros y las consejeras; sus cuentas bancarias, sus gastos de tarjetas de crédito e información de los hijos menores de edad; direcciones, detalles de inversiones y tenencias accionarias.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, firmó una resolución en la que dispone que el cuerpo de auditores del Poder Judicial realice un sumario interno para deslindar responsabilidades.

Según se conoció, el juez Daniel Rafecas sería el encargado de informar a cada uno de los jueces afectados para que no se enteren por los medios. Son 24, entre magistrados y secretarios. La causa será delegada en la fiscalía de Ramiro González para seguir con la investigación. Al mismo tiempo, el Consejo es el único que tiene facultades para investigar a jueces en caso de que el contenido de esas declaraciones de bienes vulneradas despierten alguna suspicacia.

La resolución de Rosatti, que lleva el número 36/2022, señala que la irrupción se descubrió cuando la responsable de la oficina de declaraciones juradas, María Victoria Pérez Bayonzo, se presentó a trabajar en Sarmiento 877 8vo piso, el martes 21 de junio a las 8:28, después del fin de semana largo del Día de la Bandera.

Por tal motivo, Reyes solicitó a Rosatti que informe si se iniciaron investigaciones, denuncias y qué medidas se tomaron.

“Habida cuenta la preocupación que genera un hecho de tales características, sobre todo en lo vinculado a las condiciones de seguridad con la que está resguardada documentación crítica, como así también la determinación de la identidad de los perpetradores de la intrusión, es que nos dirigimos al titular del cuerpo con la finalidad de solicitar se informe si se ha ordenado la apertura de un sumario, como así también si interpuso denuncia penal y el estado la misma”, remarcó la legisladora.