Restituyeron a Eduardo Sosa como Procurador General

Diputados desarrolló este jueves su séptima sesión ordinaria, durante la cual avanzó en el tratamiento y aprobación de distintas iniciativas parlamentarias. Entre los temas centrales de la jornada se destacó la aprobación de la modificación de la Ley 1600, Orgánica de la Justicia de la Provincia, que permitió la restitución del Dr. Eduardo Sosa como Procurador General.

La medida fue impulsada por el Gobierno Provincial y contó con el respaldo de la mayoría legislativa. Desde el oficialismo recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se había pronunciado en distintas oportunidades a favor de la restitución de Sosa, estableciendo que debía ser reincorporado a su cargo. Sin embargo, esos fallos no habían sido cumplidos a lo largo de los años.

Durante la jornada también se hicieron presentes en el recinto distintos jefes comunales, funcionarios provinciales y representantes de cuerpos legislativos municipales. Entre ellos estuvieron el intendente de Pico Truncado, Pablo Anabalón; el jefe comunal de Perito Moreno, Matías Treppo; la intendenta de Gobernador Gregores, Carina Bosso; y el intendente de El Chaltén, Néstor Ticó. Asimismo participaron la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio; la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger; y los comisionados de fomento Nayla Fernández, de Tres Lagos; Rubén Guzmán, de Lago Posadas; y Ana María Urricelqui, de Jaramillo y Fitz Roy. También asistieron concejales de distintas localidades, entre ellos Liliana Llampa, presidenta del Concejo Deliberante de Comandante Luis Piedra Buena; Tamara Vera, de Pico Truncado; Carlos Ticó Rutherford, de El Chaltén; y los concejales de Río Gallegos Daiana Rutherford, Ayrton Ruay y Giulliana Tobares.

La presencia de las autoridades tuvo como objetivo expresar su respaldo al proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico que será tratado en una sesión extraordinaria convocada para este viernes.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo solicita autorización legislativa para realizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares o su equivalente en otras monedas. Según el proyecto, esos recursos estarán destinados a financiar total o parcialmente gastos de capital, programas de desarrollo provincial y la administración de pasivos, incluyendo procesos de conversión, consolidación, renegociación o cancelación de deudas previamente asumidas por el sector público provincial.