Áreas de Salud Reproductiva del país respaldaron actualización de la ILE

Esta semana, tras la publicación del decreto que anula el protocolo de actuación para casos de interrupción legal del embarazo, Adolfo Rubinstein renunció como secretario de Salud. "Lamentablemente, la derogación del protocolo en el día de la fecha, me obliga a renunciar", escribió en su carta al presidente Mauricio Macri.

La ley argentina permite el aborto en casos de violación o de peligro para la vida y la salud de la mujer, así lo especifica el Artículo 86 del Código Penal de la Nación. En marzo de 2012, la Corte Suprema falló sobre la interpretación que se debe dar sobre dicho artículo, y estableció que el aborto legal debe realizarse sin necesidad de autorización judicial y que en casos de violación basta con la declaración jurada de la mujer.

Mira Tambien

Así está el clima este domingo 24 de noviembre en Santa Cruz

En el fallo denominado “F. A. L.”, la Corte también le encargó a las autoridades nacionales y provinciales la implementación de protocolos hospitalarios “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

En 2015, finalmente, estableció diversas pautas que los protocolos deben contemplar e instó al Poder Judicial a no interferir en el acceso a la práctica. Este año 2019, el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, en un Encuentro Nacional de Referentes de Salud Sexual y Reproductiva, se había comprometido a introducir cambios en el Protocolo, algo que hizo, aunque le costó el cargo.

Los cambios habían tenido el respaldo de diversas áreas de Salud Reproductiva de las provincias –entre ellas Santa Cruz- quienes firmaron un petitorio. “Queremos expresar nuestro más firme respaldo a la Actualización 2019 del protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, expresaron.

Dicha actualización “implica un avance sustancial para los derechos sexuales y reproductivos de las personas ya que, por primera vez, adquiere jerarquía normativa por tratarse de una resolución oficial”, habían indicado.