Provincia presentó el Presupuesto 2026 con un déficit proyectado del 11,7 %

El Gobierno de Santa Cruz presentó el proyecto de Presupuesto 2026, que determinó un gasto total de $3.244.867.563.642 y estimó recursos por $2.905.047.115.420, lo que configuró un déficit financiero equivalente al 11,7 % de los recursos totales, situación que describió un escenario fiscal crítico para el próximo año. La administración provincial expuso además que el desbalance se agravó por el incumplimiento de distintos municipios en el envío de aportes obligatorios a la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales, lo que obligó al Estado a cubrir desvíos para sostener prestaciones esenciales.

El proyecto fijó los montos globales del gasto corriente y de capital, distribuidos entre las finalidades de administración gubernamental, seguridad, servicios sociales, servicios económicos y deuda pública, según las planillas oficiales anexadas. En ese esquema, los servicios sociales conformaron la partida más elevada con un total de $2.160.345.187.254, seguida por administración gubernamental con $558.975.706.587, seguridad con $267.151.906.859, servicios económicos con $252.400.320.281 y deuda pública por $5.994.442.661.

El documento presupuestario estableció que el gasto corriente total ascendió a $3.184.622.604.132, mientras que los gastos de capital sumaron $60.244.959.510, configurando la cifra final asignada al ejercicio. La estructura de financiamiento quedó sustentada en recursos corrientes proyectados por $2.893.295.965.127 y recursos de capital por $11.751.150.293, de acuerdo con las previsiones para la administración central, las entidades descentralizadas y las instituciones de la seguridad social.

El Gobierno Provincial detalló que la situación financiera enfrentó una presión creciente derivada del incumplimiento de varios municipios en el ingreso de aportes obligatorios a los sistemas previsional y de salud, lo que generó un perjuicio directo a la sostenibilidad de ambos organismos y obligó al Tesoro provincial a asumir los faltantes. Esta dinámica incrementó la carga fiscal y restringió los márgenes de planificación para el nuevo ejercicio.

El mensaje remitido junto al Presupuesto remarcó que el contexto nacional de restricción fiscal y la reducción de ingresos para las provincias impuso límites estrictos a la expansión del gasto, condicionando la gestión a decisiones de administración austera y control del gasto. La formulación del cálculo de recursos y erogaciones se basó en la premisa de no avanzar en compromisos sin respaldo financiero comprobable.

La Provincia indicó que el Presupuesto 2026 se elaboró con el criterio de evaluar cada decisión con prudencia técnica y responsabilidad colectiva, anticipando la necesidad de revisar estructuras administrativas, limitar designaciones, renegociar compromisos y contener erogaciones que no resulten esenciales. En ese marco, el Gobierno definió priorizar áreas consideradas estratégicas para la prestación de servicios básicos como educación, salud, seguridad y energía.

El documento enfatizó que la austeridad se planteó como una obligación fiscal ante la magnitud del desbalance proyectado y la presión estructural sobre las cuentas públicas. Según el análisis oficial, las restricciones vigentes obligaron a consolidar un ordenamiento financiero destinado a evitar mayores desequilibrios y a garantizar la continuidad de los servicios esenciales en toda la provincia.

La proyección del déficit, sumada a la carga que representan los aportes impagos de los municipios, condicionó la planificación provincial para 2026 y definió un escenario que demandará medidas extraordinarias de administración y control del gasto.