Proponen una nueva emergencia sanitaria

Diputados del bloque Unión por la Patria ingresaron un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en el sistema de salud pública de Santa Cruz hasta el 31 de diciembre de 2025. La iniciativa fue presentada por Lorena Ponce, Eloy Dante Echazú, Karina Nieto, Carlos Godoy y Carlos Santi, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la atención médica, el abastecimiento de insumos y la continuidad de tratamientos esenciales.

El texto detalla que la medida alcanzaría a la provisión urgente de insumos médicos, medicamentos esenciales, equipamiento sanitario y elementos de protección personal, con especial atención a tratamientos crónicos, oncológicos, de salud mental y enfermedades poco frecuentes. También contempla el fortalecimiento de sistemas de derivación y traslados de pacientes, asegurando la operatividad del Carnet Hospitalario Provincial.

Además, la emergencia sanitaria habilita la contratación excepcional de servicios médicos especializados y personal de salud en casos de déficit crítico. Para garantizar la viabilidad financiera, el Poder Ejecutivo podrá reestructurar partidas presupuestarias del ejercicio 2025 y destinarlas prioritariamente al sistema sanitario, sin necesidad de recurrir a nuevos endeudamientos.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la creación de una Comisión de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria, integrada por cinco diputados designados por la Cámara, con representación proporcional de los distintos bloques parlamentarios. Esta comisión supervisará la ejecución de las medidas, podrá solicitar informes y deberá informar periódicamente a la ciudadanía sobre los avances.

El mecanismo de control incluye la disponibilidad de registros digitales compartidos, donde se actualizarán en tiempo real las contrataciones, distribución de insumos, derivaciones y ejecución presupuestaria. Según los fundamentos, este sistema busca asegurar transparencia y trazabilidad en cada acción adoptada bajo el régimen de emergencia.

Los legisladores remarcaron que la iniciativa surge ante el desabastecimiento de insumos médicos, la interrupción de tratamientos y la insuficiencia de recursos humanos especializados detectados en los últimos meses, que afectan especialmente a las zonas alejadas de los centros de mayor complejidad.

“La salud es un derecho humano fundamental y el Estado tiene el deber indelegable de garantizar la atención médica oportuna, integral y de calidad para toda la población”, expresaron los autores en los fundamentos, al solicitar el acompañamiento de sus pares para la aprobación del proyecto.