Proponen una ley para institucionalizar la Responsabilidad Social Empresaria

El bloque Unión por la Patria de la Cámara de Diputados de Santa Cruz presentó un proyecto de ley que establece un marco legal provincial para fomentar, regular y reconocer las prácticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), promoviendo un desarrollo económico, social y ambiental sostenible. La propuesta fue firmada por Lorena Ponce, Karina Nieto, Carlos Alegría y Carlos Godoy, y prevé la creación de un Registro Provincial de Empresas Socialmente Responsables, dependiente de la Secretaría de Responsabilidad Social de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La normativa presentada define la RSE como el compromiso voluntario de las empresas de operar de manera ética y sostenible, integrando en su gestión aspectos económicos, sociales y ambientales que contribuyan al bienestar de las comunidades. Los principios fundamentales se orientan a la transparencia, el respeto a los derechos humanos y laborales, la promoción de la educación, la salud y la cultura, la protección del ambiente y el desarrollo local.

El proyecto contempla la creación de un Registro Provincial de Empresas Socialmente Responsables, que funcionará como un sistema de certificación y visibilización. Las empresas que se inscriban deberán presentar un plan de RSE aprobado por la autoridad de aplicación, cumpliendo con indicadores de desempeño vinculados al impacto social, ambiental y económico local. A aquellas que obtengan la certificación se les otorgará el distintivo de “Empresa Socialmente Responsable de Santa Cruz”.

Asimismo, la Secretaría de Responsabilidad Social será la encargada de monitorear los compromisos asumidos por las empresas, brindar asistencia técnica y publicar la información relativa a las firmas registradas, con el fin de garantizar transparencia y generar confianza pública. También podrá establecer categorías de registro según tamaño, sector o nivel de cumplimiento.

Uno de los puntos destacados del proyecto es que las empresas concesionarias de recursos naturales, como hidrocarburos o minería, deberán destinar un 20 % de sus regalías o cánones extraordinarios a proyectos de infraestructura social y ambiental. Además, se priorizará la contratación de mano de obra y proveedores locales.

Entre los incentivos previstos, el texto habilita al Poder Ejecutivo a otorgar beneficios fiscales o exenciones parciales a las empresas certificadas, así como a brindarles prioridad en contrataciones públicas. También establece un presupuesto inicial para el año 2026 destinado a la implementación del régimen, y exige la rendición de informes anuales ante la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo sobre los avances del programa.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores remarcaron que la iniciativa busca “consolidar una política pública que articule al sector privado, el Estado y la comunidad en la promoción del desarrollo sostenible”. Recordaron además la existencia de antecedentes provinciales como la Ley 3117 y el programa UniRse, pero señalaron que la falta de una ley específica limita su alcance institucional. “La sanción de esta ley permitirá que Santa Cruz cuente con un instrumento moderno y participativo, fortaleciendo el tejido social y económico de la provincia”, concluyeron.