Procesaron a Julio Gutiérrez por estafa

El secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) y líder del sindicato patagónico de la seguridad privada UPSAP, fue procesado por la Justicia Federal de San Martín por diversos delitos, junto con otras dos personas de su entorno pertenecientes al gremio que conduce.

La Justicia Federal de San Martín procesó a Julio Norberto Gutiérrez, ex Ministro de Trabajo y actual representantes de la provincia de Santa Cruz en el PARLASUR, por los delitos de estafa procesal, falsificación ideológica y uso de documentos ideológicamente falsos, en una causa que ya genera alto impacto político, judicial y gremial.

El fallo, dictado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Martín, también alcanza a Julio César Núñez, apoderado legal de UPSAP, y Juan Marcelo Soria, inspector de fiscalización, ambos integrantes del entorno más cercano de Gutiérrez.

A todos ellos se les impuso una medida de coerción sin prisión preventiva y embargos por 250 millones de pesos a cada uno, lo que refleja la magnitud económica del daño investigado que se estima en una cifra superior a los 750 millones de pesos.

La denuncia fue impulsada por la empresa SECAR Security Argentina S.A. (ex Securitas), que acusó a la conducción de Gutiérrez de haber emitido un certificado de deuda sindical ideológicamente falso, utilizado luego para inducir a error a la Justicia Federal y obtener así una medida cautelar millonaria.

Los certificados sindicales gozan de presunción de legitimidad, lo que habría sido utilizado como herramienta para consumar la estafa procesal, certificando el pago de aportes que efectivamente no se habían realizado.

En su resolución, la Jueza Alicia Vence consideró acreditados, en esta etapa del proceso, los elementos suficientes para procesar a los imputados como coautores de los delitos investigados,

El certificado cuestionado habría permitido el embargo de cuentas bancarias de la empresa por más de 720 millones de pesos, bajo el argumento de una supuesta deuda por aportes sindicales correspondientes a 234 trabajadores, entre los años 2018 y 2022.

La empresa denunciante sostenía que la deuda no existía, que se alteraron los listados de empleados, y que incluso se incluyeron personas que no pertenecían a la firma.