Presentaron un proyecto para instaurar un Observatorio de Seguridad

El proyecto fue presentado en la Legislatura de Santa Cruz, donde la diputada Agostina Mora propuso la creación del Observatorio de Seguridad Pública, que funcionaría dentro del Ministerio de Seguridad y tendría como misión elaborar información sobre violencias, delitos y el funcionamiento del sistema de seguridad y justicia penal. La iniciativa fue girada a las comisiones correspondientes para su tratamiento y busca ofrecer datos confiables como insumo para políticas públicas.

El texto establece que el Observatorio tendría como objetivos producir información permanente y basada en evidencia científica sobre las diversas manifestaciones de violencia y delito en todo el territorio provincial. También prevé asistencia técnica especializada a los poderes del Estado y gobiernos locales, así como la publicación abierta y periódica de los análisis elaborados. A ello se suma la implementación de mecanismos de participación ciudadana para el monitoreo social de las políticas de seguridad y del desempeño de las fuerzas policiales.

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El proyecto detalla que la actuación del Observatorio se regiría por principios de calidad técnica y metodológica, transparencia, acceso a la información pública, participación ciudadana y perspectiva de género, con la obligación de incorporar estos lineamientos en todos sus procesos analíticos. Dentro de sus funciones se incluye el diseño, actualización y publicación del Mapa del Delito, georreferenciando hechos delictivos y factores de riesgo en toda la provincia.

Entre las tareas principales también se contempla la recolección, procesamiento y análisis de datos cuantitativos y cualitativos sobre violencias, delitos y desempeño institucional, junto con la construcción de indicadores específicos. Estos abarcan homicidios dolosos, femicidios, fallecimientos por siniestros viales, denuncias por violencia de género, delitos contra la integridad sexual, hurto y robo. Asimismo, el Observatorio debería publicar informes periódicos y un anuario estadístico con acceso libre y en formatos de datos abiertos.

La estructura propuesta incluye una Dirección Ejecutiva con rango de Subsecretaría, cuyo titular sería designado por concurso público de oposición y antecedentes, y un Consejo Consultivo ad honorem integrado por universidades, organizaciones no gubernamentales, entidades de derechos humanos, asociaciones de víctimas, colegios profesionales y el Ministerio Público Fiscal. Las áreas técnicas quedarán definidas por la reglamentación posterior.

El proyecto indica que todas las dependencias provinciales, municipales y comunales del Poder Ejecutivo, además del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Servicio Penitenciario y la Policía Provincial, deberán remitir al Observatorio la información que les sea solicitada, con carácter de preferente despacho. El incumplimiento por parte de funcionarios será considerado falta grave. También se establece que el tratamiento de los datos deberá respetar la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales.

Finalmente, la iniciativa prevé mecanismos permanentes de participación ciudadana, como foros municipales de seguridad, audiencias públicas anuales de rendición de cuentas y canales de comunicación accesibles para reclamos, sugerencias y denuncias vinculadas al desempeño de las fuerzas. Los gastos derivados de la ley se atenderían con el presupuesto provincial y el Poder Ejecutivo debería reglamentarla en un plazo de 90 días tras su promulgación.