Presentaron un proyecto para crear una ley marco de acción climática

En la última sesión de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, que finalmente fue suspendida, tomó estado parlamentario un proyecto de ley impulsado por la diputada Claudia Barrientos para crear una Ley Marco de Acción Climática Provincial. La propuesta planteó la construcción de una política pública integral para abordar el cambio climático en el territorio santacruceño, con herramientas de planificación, financiamiento, monitoreo y participación ciudadana.

La iniciativa estableció como finalidad complementar la Ley Nacional 27.520 y su decreto reglamentario, a partir de una normativa provincial que organice la respuesta local frente a los efectos del cambio climático. En ese marco, el proyecto propuso acciones orientadas a reducir vulnerabilidades, proteger a la población, alcanzar la carbono neutralidad y garantizar un desarrollo sostenible desde una perspectiva ambiental, social y económica.

Entre sus objetivos, el texto incluyó la promoción de un modelo de desarrollo bajo en carbono, el fortalecimiento de comunidades resilientes, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el impulso a energías renovables, la eficiencia energética, la producción y el consumo sostenibles, y la incorporación de la perspectiva climática en el ordenamiento territorial y en otras políticas públicas. También contempló educación, sensibilización, investigación científica, acceso a la información y participación ciudadana.

El proyecto definió además una serie de principios rectores para la futura política climática provincial. Entre ellos aparecieron la transversalidad, la justicia climática, la progresividad, la sostenibilidad, la precaución, la prevención, el acceso a la información, la participación ciudadana, la transparencia, la territorialidad y la colaboración interjurisdiccional. En ese punto, el texto remarcó especialmente la necesidad de considerar las particularidades de cada localidad y sector de la provincia.

Uno de los ejes centrales de la propuesta fue la designación de la Secretaría de Estado de Ambiente como autoridad de aplicación, o del organismo que eventualmente la reemplace. A ese organismo le asignó funciones vinculadas a la formulación, ejecución y evaluación del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, la elaboración del inventario de gases de efecto invernadero, la coordinación con municipios y comisiones de fomento, y la articulación con políticas nacionales e internacionales.

La iniciativa también creó el Gabinete Provincial de Gestión del Cambio Climático, pensado como un espacio de articulación entre distintas áreas del gobierno provincial para diseñar e implementar el plan de respuesta climática. Ese gabinete estaría presidido por la jefatura de Gabinete o por quien designe el Poder Ejecutivo, e integraría a áreas como Ambiente, Producción, Salud, Educación, Infraestructura, Transporte, Vivienda, Seguridad, Recursos Hídricos y otras dependencias del Estado. Además, previó la convocatoria a representantes de la Legislatura y la conformación de mesas de trabajo con municipios, comisiones de fomento y sectores sociales.

En materia de participación, el expediente promovió la incorporación de sectores científicos, técnicos, académicos, productivos y sociales en el diseño de políticas vinculadas al cambio climático. En esa línea, propuso la creación de un Consejo Asesor Externo de carácter consultivo y permanente, con participación de especialistas, organizaciones ambientales, sindicatos, comunidades indígenas, universidades, entidades empresariales y representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.

El texto avanzó además sobre el contenido mínimo del futuro Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, que debería incluir una línea de base de emisiones, identificación de riesgos climáticos presentes y futuros, medidas de mitigación y adaptación, mecanismos de monitoreo y un esquema de gobernanza participativa. A su vez, planteó acciones específicas para hacer frente al estrés hídrico, el retroceso de glaciares, el aumento del nivel del mar, la afectación a la biodiversidad, la transición energética y la movilidad sostenible.

Otro capítulo de la propuesta estuvo vinculado al financiamiento. Allí se creó un Fondo de Acción Climática, destinado a sostener la implementación del plan provincial, las medidas complementarias de mitigación y adaptación, y el funcionamiento de las áreas técnicas involucradas. Ese fondo podría integrarse con partidas presupuestarias provinciales, aportes nacionales, donaciones, fondos internacionales no reintegrables y eventuales utilidades provenientes de sistemas de comercio de emisiones de carbono.

En los fundamentos, la autora sostuvo que Santa Cruz necesita una herramienta legal propia frente a los impactos locales del cambio climático, como la escasez hídrica en la zona norte, el retroceso de los glaciares, la alteración de ecosistemas costeros y la necesidad de diversificar la matriz energética. También vinculó la iniciativa con la protección ambiental consagrada en la Constitución Nacional y con los compromisos asumidos por el país en el plano internacional.