Presentaron proyecto para prohibir cortes de gas en Santa Cruz

El proyecto de ley “Invierno Digno y Justicia Energética” tomó estado parlamentario en la Legislatura de Santa Cruz y propuso establecer un régimen provincial de protección y acompañamiento energético destinado a garantizar el acceso equitativo, continuo, seguro y económicamente accesible al servicio de gas y a fuentes energéticas sustitutivas en todo el territorio provincial.

La iniciativa plantea que el acceso al gas domiciliario y a otras fuentes de energía utilizadas para calefacción, cocción y necesidades básicas del hogar sea declarado de interés público provincial, en atención a las condiciones climáticas de Santa Cruz y a la situación de los sectores que atraviesan mayor vulnerabilidad social y climática.

Entre sus principios rectores, el texto incorpora el derecho a la energía, la justicia energética, la equidad territorial, la no regresividad en materia de derechos sociales, la protección integral de personas en situación de vulnerabilidad, la accesibilidad económica del servicio y el respeto a comunidades con enfoque intercultural.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición de suspensión o corte del suministro de gas a usuarios vulnerables registrados, hogares con personas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, y durante el período invernal. Además, establece que en ningún caso podrá disponerse el corte cuando exista riesgo para la salud o la vida.

La propuesta también determina que el servicio no podrá ser restringido por deudas sin antes priorizar mecanismos de regularización, refinanciación y acompañamiento. En ese marco, la empresa prestadora quedaría sujeta a notificar de manera fehaciente a la autoridad de aplicación ante situaciones que requieran intervención estatal.

El proyecto crea además el Programa Provincial de Compensación y Protección Tarifaria, destinado a complementar los esquemas de asistencia energética vigentes y reducir el impacto económico del servicio de gas sobre los hogares vulnerables. La incorporación al programa sería automática, mediante sistemas de interoperabilidad de datos entre organismos nacionales, provinciales y municipales, con criterios de simplicidad administrativa, acceso sin barreras y protección de datos personales.

La población destinataria incluiría, entre otros sectores, a titulares de programas sociales, jubilados y pensionados con haberes mínimos, trabajadores informales, personas desocupadas, personas con discapacidad y comunidades rurales o aisladas. La finalidad es que la asistencia llegue sin trámites complejos a quienes enfrentan mayores dificultades para sostener el acceso energético.

La iniciativa también propone crear el Fondo Provincial para la Equidad Energética, integrado por regalías hidrocarburíferas, aportes extraordinarios del Estado, multas a concesionarias y aportes de responsabilidad social empresaria. Ese fondo permitiría financiar medidas de asistencia, compensación y acompañamiento económico vinculadas al acceso a la energía.

En materia de deudas, el texto impulsa un régimen especial que contemple planes sin interés, mecanismos excepcionales de alivio económico, suspensión de intereses punitorios y evaluación socioeconómica. Además, establece que la autoridad de aplicación deberá articular con áreas sociales para realizar diagnósticos de vulnerabilidad e intervenir en casos críticos.

El proyecto incorpora también una tarifa comunitaria o programas especiales de asistencia energética para clubes de barrio, comedores, centros de jubilados, organizaciones comunitarias y entidades de bien público. De esta manera, la protección no quedaría limitada solo a hogares particulares, sino que alcanzaría a instituciones que cumplen funciones sociales en distintas localidades.

Otro capítulo de la propuesta crea el Régimen Provincial de Protección Energética para Zonas Frías, orientado a desarrollar medidas de asistencia, compensación y acompañamiento económico para usuarios residenciales, instituciones comunitarias y sectores vulnerables afectados por los altos costos derivados de las necesidades permanentes de calefacción.

El texto también establece que las políticas públicas provinciales vinculadas al acceso energético deberán regirse por los principios de progresividad, equidad territorial y no regresividad de los derechos económicos y sociales. En ese sentido, dispone que ante eventuales modificaciones regresivas a nivel nacional, el Estado Provincial deberá adoptar medidas compensatorias que garanticen estándares equivalentes o superiores de protección.

La propuesta remarca que las políticas implementadas deberán garantizar criterios de equidad territorial para todas las localidades de Santa Cruz, evitando exclusiones arbitrarias o segmentaciones regresivas incompatibles con las condiciones climáticas regionales.